La muerte del preso de conciencia Orlando Zapata en febrero del 2010 a causa de una huelga de hambre movió al régimen castrista a poner en libertad seis meses después, y con la intervención de la Iglesia católica, a 130 presos políticos. Desde entonces ha habido una cierta apertura económica obligada por la bancarrota del régimen, pero la apertura política sigue sin vislumbrarse, como demuestra fehacientemente la muerte ahora de otro disidente, Wilmar Villar Mendoza, ocurrida también a resultas de una huelga de hambre. Villar, de 31 años y padre de dos hijas, no era un opositor de largo recorrido. Todo lo contrario. Sin embargo, su determinación lo llevó a afiliarse a un grupo defensor de los derechos humanos y refleja la desesperación, pero también la firmeza a la que aboca la intransigencia de un régimen que todavía cree legitimarse en una revolución finiquitada hace décadas. La muerte de Villar Mendoza revela hasta qué punto el anuncio de la liberación de cerca de 3.000 presos, hecho por el Gobierno en Navidad, era pura cosmética cara a la visita a la isla de Benedicto XVI a finales de marzo. Los ataques lanzados ahora contra la oposición y contra el exterior, incluida España, carecen de toda credibilidad y solo dan la medida de lo alejado de la realidad en que vive el régimen.
