Antes de terminar 2011, contra todo pronóstico, el nuevo Gobierno tomó la sorprendente decisión de subir varios impuestos con el objetivo de reducir el déficit público. A la vista de que este no se situaría en el 6% del PIB comprometido sino en el 8%, el Consejo de Ministros aprobó el incremento del IRPF y del impuesto de bienes inmuebles (IBI). El primero de ellos, que recaudará 5.282 millones más, tiene un tramo que recauda el Gobierno central, responsable de 3.000 millones del desvío de déficit del 2011; y otro autonómico, nivel administrativo que contribuyó con 15.000 millones a la misma deriva. El segundo --que aportará 918 millones extras-- es enteramente de los municipios, que aportaron 1.500 millones de incumplimiento. No faltan quienes sospechan que la subida generalizada del IBI, que en realidad es como un incremento del impuesto del patrimonio, al que tanto se opuso el PP, está hecha pensando en los consistorios con problemas presupuestarios gobernados por este partido. Más allá de esas conjeturas y de las quejas por invasión de competencias que han surgido de numerosos ayuntamientos, la subida puede caer como agua de mayo en unas finanzas municipales que, aunque tengan sus números equilibrados, sufren importantes reducciones y retrasos en los pagos de las comunidades autónomas. El verdadero problema está en que el aumento no estaba previsto en los presupuestos municipales para este ejercicio, que sí incluían un incremento previo del mismo impuesto, el IBI.
