La semana pasada fue especialmente intensa en el ámbito político y económico. Después de más de un mes desde que se celebraron las elecciones generales, se produce el cambio de gobierno. Destaca la nueva configuración de los departamentos ministeriales que constituyen el denominado núcleo duro de la política económica, donde la partición del anterior Ministerio de Economía y Hacienda en dos, resulta sorprendente.

Por un lado se crea un nuevo Ministerio de Economía y "Competitividad" que retiene las competencias de la Secretaría de Estado de Economía y absorbe las competencias del extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología y por otro el nuevo Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que retiene las competencias de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y absorbe las competencias del antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que desaparece. Desaparecen también la vicepresidencia Económica y Territorial. Esta clara bicefalia en la política económica del Estado tan sólo se entiende con una implicación directa del nuevo presidente del Gobierno en el área económica.

Por una parte, se espera que el nuevo Ministerio de Economía trate de poner orden en el caos del sector financiero, cuyo ordenado funcionamiento resulta imprescindible para que vuelva a fluir el crédito a empresas y familias, necesarios para reactivar inversión y consumo, a la vez que se imponga la necesaria reducción de costes a través del impulso tecnológico. El Ministerio de Hacienda deberá recaudar los recursos necesarios para equilibrar las cuentas públicas estimulando la economía, a la vez de ordenar el caos administrativo territorial que la burbuja inmobiliaria provocó, con hipertrofia de administraciones, entes, fundaciones y empresas públicas insostenibles hoy. Especialmente grave es este problema en las administraciones autonómicas y locales. La reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria tras la modificación del artículo 135 de la Constitución intentará embridar la correosa Administración territorial, una tarea tan compleja por los equilibrios políticos, como imprescindible para cumplir con los objetivos de estabilizar la deuda y el euro.

En el relevo a través del intercambio de carteras del extinto Ministerio de Economía y Hacienda, especialmente significativo ha sido ver a exdirigentes, conocidos para los que desde hace años trabajamos en la casa, cómo secretarios de Estado y subsecretarias reían las gracias a los nuevos ministros. En realidad los conservadores siempre gobernaron en el extinto Ministerio antes de asumir oficialmente el poder. Si las hubo, hace años que se olvidaron las políticas progresistas. Los elogios de los ministros entrantes a la ministra saliente no son gratuitos y en los planteamientos económicos de los últimos años, la ideología progresista brilló siempre por su ausencia. No hay más que recordar la errática política de estímulos y ajustes. Se eligió una la política fiscal conservadora denominada de economía de oferta, bajando la presión fiscal pensando que estimularía el crecimiento. Así se perdonó la tributación del impuesto sobre el patrimonio, solo corregida tímidamente a última hora, así como la devolución de los 400 euros y el cheque bebé también a los multimillonarios. Se cargó el peso de la recaudación sobre los trabajadores privados y públicos. Ahí están los datos del impuesto más importante de nuestro sistema fiscal, el de la renta de las personas físicas, tristemente convertido, de hecho, en un indeseable impuesto sobre las rentas de trabajo, por no hablar del escándalo de las Sicav o la ausencia de un verdadero plan de lucha contra el fraude.

El nuevo Gobierno continúa completando el organigrama y el viernes 30 de diciembre en el decreto-ley de prórroga de los presupuestos se articulan las primeras medidas económicas, en tanto se preparan los nuevos Presupuestos Generales del Estado durante el próximo trimestre. ¿Intenta el Gobierno demorar los ajustes más duros hasta después de las elecciones andaluzas?

El sueldo de los funcionarios que ya recortó y congeló el anterior Gobierno, la indisponibilidad de gastos o de la oferta empleo público, previsiblemente marcarán el continuismo de medidas que el Gobierno saliente ya inició bajo la denominada escuela TINA: "There is not alternative" (No hay alternativa), que ha marcado en los últimos tiempos el poder económico dominante dinamitando un pensamiento progresista desorientado.

¿Será éste el destino trágico del progresismo democrático? El tiempo lo dirá, pero los que pensamos que sí hay alternativa a unos mercados que han demostrado su ineficiencia asignando recursos, concediendo créditos a personas y países insolventes y creando burbujas especulativas de cuyos millonarios beneficios se apropiaron aquéllos que quieren ahora convencernos de que sea el Estado quien pague sus estragos, no podemos quedarnos callados. Tampoco es cierto que la poda de la política social, de una sanidad y educación universal que tanto costó construir, sea inevitable. Antes, habría que estimular la cultura del esfuerzo y emprendimiento productivo no especulativo y en vez de dinamitar el Estado de bienestar, articular una reforma fiscal que además de favorecer crecimiento y empleo, afronte la gran tarea pendiente de nuestro sistema tributario, en la que los anteriores gobiernos fracasaron: la equitativa distribución de la carga tributaria.

* Economista, abogado e inspector de Hacienda del Estado.