La primera entrega del frente negociador abierto por Mariano Rajoy como próximo jefe del Ejecutivo español con los agentes sociales ha servido para fijar una fecha y unos objetivos bastante precisos: el futuro presidente del Gobierno espera disponer para después de Reyes (o sea, una vez que pasen las fiestas de Navidad) de acuerdos concretos entre sindicatos y patronal relativos a contratación, flexibilidad interna, mutuas y absentismo laboral.

Esta versión de lo discutido ayer dada por Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales-CEOE, se completa con la aportada por Ignacio Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras: "Rajoy es un firme defensor del acuerdo frente a la imposición".

¿DECISION DEL GOBIERNO?

Una posición razonable que en modo alguno excluye que, en caso de una persistente falta de acuerdo --Cándido Méndez, secretario general a nivel nacional de UGT, que también fue recibido ayer por Mariano Rajoy, estima innecesaria una nueva reforma--, sea el Gobierno el que, en última instancia, tome una decisión.

La gravedad de la situación y las señales de fractura social que se captan todos los días hacen poco menos que imposible que la posición del próximo Gobierno, gobernado por los populares, pueda ser otra. Porque los precedentes en cuanto a la capacidad de los agentes sociales de llegar a acuerdos no son precisamente alentadores. Y, al mismo tiempo, la Unión Europea exige una rápida reforma del mercado laboral --modalidades de contratación, convenios, escala salarial-- para poner remedio a una de las debilidades estructurales de la economía española: el mercado de trabajo.

Sería decepcionante que, con una tasa de desempleo por encima del 21 por ciento y sombríos vaticinios para el inminente año del 2012, los sindicatos y los empresarios no hiciesen un ejercicio de realismo para contener la sangría.

UNA REFORMA NEGOCIADA

Una reforma siempre será de aplicación más eficaz si es el resultado de la negociación entre las partes interesadas y no una iniciativa impuesta del Gobierno de turno. Pero, para reducir al mínimo la imposición gubernamental, es indispensable que el diálogo social no se eternice y nadie se comporte como un jugador ventajista.

Lo que más se critica a las reformas laborales aprobadas hasta la fecha es que han sido imprecisas y perfectamente inútiles para crear empleo. Por muy buenas que fueran las intenciones, el resultado final ha sido casi nulo. Acumular más fracasos sería una táctica suicida y un lastre insostenible: cinco millones de parados exigen alternativas innovadoras.