La ciudadanía asiste incrédula al escándalo de las cajas de ahorros de este país, un espectáculo que lamentablemente da la razón a quienes habían criticado incluso su misma existencia. Los casos de retribuciones fraudulentas y créditos regalados a sus consejeros se multiplican al mismo ritmo que la reconversión financiera levanta alfombras. Primero en Galicia, luego en Valencia y ahora en Cataluña. Cuatro directivos de Caixa Penedès se habían arreglado un plan de jubilación de 20 millones de euros a espaldas del consejo de administración. La fiscalía ya ha abierto una investigación para ver si hay responsabilidad penal. Para que eso se produjera debería quedar probado que los cuatro beneficiados habían ocultado o engañado al consejo al documentar las dotaciones para sus planes de jubilación. Otra cosa distinta sería que esos seguros estuvieran reflejados de manera sesgada en las cuentas para dificultar su seguimiento confiando en que los vocales no estudiaran tanto los papeles como para darse cuenta. Podrían ser las dos cosas. De hecho, los dos que aún trabajaban en la caja se habían puesto una remuneración anual de 500.000 euros, cuando la gestión propiamente bancaria fue trasladada en su día al Banco Mare Nostrum, donde se han integrado también los negocios de Cajamurcia, CajaGranada y Sa Nostra. Desde la perspectiva de Córdoba todos estos escándalos pueden acabar dejando el caso de Cajasur en la letra pequeña de un desastre global en la gestión y control de las cajas en España.
