La formación profesional (FP) ha sufrido en este país numerosos cambios, tendentes, en líneas generales, a dotarla de mayor dignidad para no ser concebida como una alternativa menor al bachillerato, sino como una vía de acceso fundamentada y profesionalizadora, de alto nivel, al mercado laboral, como ocurre en muchos otros países europeos. Al mismo tiempo, la reforma educativa que impulsó la ESO pretendía una modificación del sistema para que todos los alumnos pudieran contar, a los 16 años, con la adquisición de unos niveles mínimos.
Las cifras de fracaso escolar y de abandono de las aulas invitaban a una reflexión que, al mismo tiempo, ponía en duda la bondad de la secundaria obligatoria y de su ideal de democratización universal del conocimiento.
La nueva reforma de la FP, con la introducción de programas de cualificación profesional inicial (PCPI) a los 14 años (y no a los 16 y tras una reincidencia en el suspenso) responde a la realidad del sistema educativo y permite racionalizar la oferta según la capacidad del estudiante.
Una mayor densidad de los PCPI (dos años, con el paso posterior a ciclos formativos de grado medio) aligera el peso que soportan los institutos, y reclama una especial sensibilidad para no desembocar en la marginación y dar una alternativa sólida a los excluidos, siempre con el compromiso de facilitar variantes adecuadas y con perspectivas a todos los ciudadanos.
