El paro convocado para el próximo fin de semana por la mayor parte de clubs de primera y segunda división no tiene precedentes en el fútbol español, donde hasta ahora los contados plantes habían sido protagonizado por los jugadores, es decir, los asalariados --muchos de ellos muy bien pagados, sin duda-- del enorme negocio que es desde hace ya años el deporte rey en su condición de espectáculo.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP), la patronal del sector, recurre a esta medida apremiada por la mastodóntica deuda de los clubs, estimada en cerca de 4.000 millones de euros, de los que nada menos que unos 700 corresponden a impuestos no satisfechos al Estado (El Córdoba Club de Fútbol, por ejemplo, que en el apartado deportivo vive uno de los mejores momentos de la temporada, el pasado jueves no disponía de suficiente dinero para abrir el estadio).
DESORBITADA CANTIDAD
El mismo Estado al que los deudores de tan desorbitada cantidad presionan para que modifique la legislación --aprobada democráticamente en las Cortes-- que obliga a emitir por la televisión en abierto un partido cada jornada.
Su argumento de que España es el único país de Europa en el que puede verse fútbol de calidad gratis es tan indiscutible como falaz, porque la propia Liga del Fútbol Profesional no se opuso a esa excepcionalidad el año pasado, cuando la nueva ley que ordenó el sector audiovisual mantuvo el interés general del fútbol establecido en el año 1997.
Ciertamente, la evolución y la liberalización del mercado televisivo y la enorme competencia entre canales hacen poco justificable el mantenimiento del espíritu de la ley Cascos (Francisco Alvarez-Cascos), un gesto populista del Gobierno de José María Aznar en plena guerra con el primer operador audiovisual de pago en España.
UNA HUIDA HACIA ADELANTE
Pero el cambio que quiere la Liga del Fútbol Profesional no puede hacerse por la vía rápida ni mucho menos con la amenaza de un paro que, al margen de su legitimidad, distorsionaría gravemente el calendario de la Liga hasta el final de temporada, con posibles efectos incluso en el desenlace de esta presente competición.
El paro no es más que una huida hacia adelante de quienes en muchos casos no han sabido gestionar sus clubs con profesionalidad y se han refugiado en la irresponsable creencia de que en el futuro alguien les sacaría del atolladero.
Manipulando la pasión por el fútbol que hay en España y el rol de consuelo lúdico que tiene en tiempos de crisis, la LFP quiere colocar a los aficionados contra el Estado.
Una iniciativa desdichada que no debería consumarse.
