El Tribunal Supremo despachó en 10 horas de debate la negativa a inscribir a Sortu en el registro de partidos polítcos.

La decisión era esperada, pero lo ajustado de la votación, nueve magistrados en contra de la legalización y siete a favor, demuestra que la cuestión no está tan clara y que los argumentos en favor de la inscripción como partido legal en el registro son casi tan sólidos como los que defienden la negativa. (Tres de los siete magistrados que manifestaron su discrepancia con la decisión de la mayoría de la Sala del 61 de prohibir la inscripción de Sortu en el Registro de partidos Políticos son presidentes de Sala del Tribunal Supremo).

Decimos argumentos con toda la intención porque hasta ahora, que se sepa, no hay o no han aparecido pruebas materiales de la relación entre Sortu y ETA, lo que hubiera sido decisivo para denegar la legalización.

FUNDAMENTOS DEL AUTO

Hasta que no se conozcan los fundamentos del auto y los de los tres magistrados que, como mínimo, presentarán votos discrepantes, es arriesgado opinar con contundencia, pero, por lo que se sabe de las deliberaciones, no parece alejada de la realidad la sensación de que priman los argumentos políticos sobre los jurídicos.

Que Sortu es una continuación de Batasuna no lo niegan ni sus dirigentes. Pero si Sortu ha presentado unos estatutos que cumplen la ley de partidos, las afirmaciones de que esta formación se ha revestido de "un ropaje formal y de apariencia de legalidad" o de que su rechazo del terrorismo es "cosmético, retórico e instrumental" pueden caber más en el terreno del proceso de intenciones que en el de la verdad jurídica.

La decisión del Supremo significa que, haciendo caso de las alegaciones de la fiscalía y de la abogacía del Estado, el alto tribunal no se fía de Sortu o no se cree sus promesas de rechazo de la violencia.

Pero ¿es suficiente esa presunción para denegar la legalización?

COMPRENSIBLES RETICENCIAS Y DESCONFIANZAS

Es verdad que el Estado tiene muchos motivos para estar escaldado ante las innumerables maniobras que hasta hoy ha hecho la llamada izquierda aberzale para volver a las instituciones y a la legalidad de la que fue expulsada por una sentencia que, no lo olvidemos, fue revalidada por el Tribunal de Estrasburgo.

Son comprensibles, pues, las reticencias y las desconfianzas. Pero si la división de la propia sala indica que hay dudas legales, es legítimo pensar que más aún puede haber dudas políticas sobre si la decisión facilita o entorpece el fin del terrorismo de ETA.