La sentencia del Tribunal Constitucional que anula las "competencias exclusivas" de Andalucía sobre el Guadalquivir declara inconstitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía tanto desde el punto de vista "formal" como "sustantivo" de su contenido. En cuanto al contenido, subraya que la cuenca es "supracomunitaria" y como tal su gestión debe ser "homogénea" y compete al Estado y en que el cauce fluvial no se puede "fragmentar" según las fronteras territoriales. Sobre la forma, deja claro que un Estatuto autonómico no puede delimitar ni interpretar los límites de las competencias estatales y en este caso "es evidente" que Andalucía asume competencias más allá de las que la Constitución deja a las comunidades y "además se menoscaban gravemente" las funciones estatales.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, compareció ayer en el Parlamento aún sin los 46 folios del fallo completo en la mano y repitió los argumentos de su valoración inicial del miércoles al saber el sentido de la sentencia. La Junta la acata "plenamente" pero ve margen, a través de los artículos 43 y 50 también recurridos por Extremadura pero que no han sido anulados, para salvaguardar las competencias en manos andaluzas. Confió en pactar una "fórmula" el lunes con Zapatero y aclaró que siempre será de acuerdo con Extremadura. Desde la comunidad vecina defendieron que el Guadalquivir debe tener una "gestión compartida en manos del Estado".

No obstante, el fallo del Constitucional desestima los recursos contra los otros dos artículos argumentando que la anulación del 51 deja sin margen a su desarrollo e interpretación al amparo de éste. Así indica que el artículo 43 --que alude al ejercicio de competencias que tienen alcance fuera de su territorio-- no da amparo legal al artículo declarado inconstitucional. El artículo 50 alude a las competencias de aguas que transcurran "íntegramente por Andalucía" y el Gobierno extremeño lo veía ambiguo por no hablar de aguas que transitarán "únicamente" por territorio andaluz. El tribunal alega que al anular el 51 no cabe ambigüedad alguna en éste.

Griñán defendió ayer que "no es verdad en absoluto que el artículo 51 declare competencias exclusivas sobre el Guadalquivir, sino por las aguas que discurren por Andalucía y siempre preservando aquellas competencias que deba tener el Estado". "Es un artículo perfectamente medido, que en absoluto lo hicimos prescindiendo de la Constitución y hubo mucho trabajo previo". Desde IU, Diego Valderas, le reprochó que "gracias a sus compañeros socialistas de Extremadura" se ha pasado de "un Estatuto de primera a uno de primera regional". Griñán, que ya el miércoles reunió a los líderes de los partidos para renovar el consenso estatutario, reclamó que "no se ponga en el disparadero el consenso con frases incendiarias".

Desde Madrid, el actual vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves --que gestionó el traspaso como presidente andaluz-- garantizó que "Andalucía no perderá el protagonismo en las decisiones que afecten a la gestión del Guadalquivir", una interpretación con la que coincidió la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar. Mientras, los sindicatos exigen aclarar la situación de los trabajadores transferidos.