Tras el anuncio el miércoles de que el Constitucional anuló la gestión del Guadalquivir por parte de la Junta de Andalucía, las miradas se volvieron hacia Castilla y León, cuyo Estatuto de Autonomía también fue recurrido por Extremadura por "coherencia". Desde el Gobierno leonés se apresuraron a marcar distancias con el texto andaluz ya que su norma solo prevé la asunción de "competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma". Sin embargo, la decisión del Constitucional ha sido la misma y ha declarado, por unanimidad, inconstitucional el artículo 75.1 del Estatuto de Castilla y León, según informaron a Europa Press fuentes del propio tribunal.
La diferencia con Andalucía es que aunque el Estatuto de Castilla y León está en vigor desde el 2008, aún no se había producido la trasferencia de estas competencias sobre el Duero como sí se hizo en el caso del Guadalquivir. De hecho, el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera (PP), reclamó la reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la comunidad para avanzar en este traspaso el mismo miércoles tras conocer el fallo sobre el Guadalquivir.
Ayer, poco antes de que se hiciera pública la sentencia sobre el Duero, el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reconoció que la anulación de las competencias sobre la cuenca supondría una "frustración colectiva". Al igual que el andaluz, el Estatuto de Castilla y León contó con el acuerdo de PP y PSOE tanto en la Cámara regional como en el Congreso y también salió sin ningún voto en contra del Senado. El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Oscar López, ya ha pedido a Herrera una reunión "urgente" para buscar soluciones.
