No puede entenderse como sorpresivo que el Constitucional haya anulado el artículo del Estatuto de Andalucía que otorgaba a la comunidad competencias exclusivas en la gestión del Guadalquivir. La Carta Magna establece que la competencia recae en el Gobierno de la Nación en aquellos casos en los que los ríos atraviesan varias regiones. El Guadalquivir es uno de ellos y por tanto le es aplicable este precepto. Pero una cosa es la literalidad de la norma y otra bien distinta su espíritu. El Guadalquivir pasa en un 90,22% de su cauce por territorio de Andalucía. ¿Alguien puede dudar de que se trata de un río eminentemente andaluz y que el Gobierno de la comunidad tiene mucho que decir en su gestión? Andalucía no sólo puede, sino que debe ser un actor protagonista en la gestión de su río. El Guadalquivir no sólo es el mayor símbolo de la región, sino también su principal eje de vertebración y uno de los elementos que articula su población tanto desde un punto de vista social como económico. Así se recoge en el estatuto autonómico y así se aprobó en un referéndum. Hay un mandato popular que no se puede eludir. La clave no estriba ahora en discutir una sentencia que hay que acatar, sino en resolver cómo se puede encajar un interés irrenunciable como el de Andalucía en el marco constitucional. Hay margen de sobra para ello. Pero para lograrlo hace falta sobre todo que no se quiebre la unidad de acción política lograda en un estatuto apoyado por las tres fuerzas representadas en el Parlamento andaluz: PSOE, PP e IU.
