Las quejas de Telefónica sobre lo "insostenible" del modelo actual de internet en España, secundadas por su competidora Vodafone, revelan con meridiana claridad la estrategia de las compañías que suministran el acceso a la red de modificar la política de precios vigente, y singularmente las tarifas planas. En síntesis, las operadoras aducen que el acceso general "las 24 horas del día y con la velocidad pactada en cada caso" a internet está provocando en la práctica desigualdades entre los clientes, ya que el 5% de estos (los que hacen un uso más intensivo de la red y descargas masivas) producen el 75% del tráfico, con lo que consumen mucha más banda ancha que los usuarios medios, que en la práctica acaban "subsidiando" a los primeros. Es un argumento hábil con el que las operadoras esperan poner de su parte al cliente medio, de forma que acepte una segmentación de tarifas que a priori sería más justa y favorable a sus intereses. Pero es lícito sospechar que el objetivo de las telefónicas no es tanto esa racionalización como un aumento de los ingresos. Internet ya es una herramienta imprescindible en la vida de los ciudadanos y en la actividad económica, y en muchos aspectos constituye un servicio esencial. Obviamente, las compañías que dan acceso a la red deben velar por la rentabilidad de sus inversiones, pero la Administración debe hacerlo para que los principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación se respeten. La pugna que se entrevé no puede decantarse en perjuicio de los consumidores.