Fuentes oficiales mexicanas aseguraban a principios de agosto que el número de muertos en actos de violencia relacionados con el narcotráfico desde finales del 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia del país, era de 28.000. Esta cifra sobrecogedora ha ido creciendo durante este mes y a ella se han sumado los 72 asesinados en Tamaulipas. Tradicionalmente, los muertos lo eran en guerras entre distintos cárteles del narcotráfico o entre estos y las fuerzas del Estado. La última barbaridad demuestra un cambio considerable en las actividades de los narcotraficantes: las víctimas eran inmigrantes indocumentados procedentes de Honduras, Brasil, Ecuador y El Salvador cuya única aspiración era llegar a EEUU en busca de un futuro que no tenían en su propio país. Pese a las medidas estadounidenses para sellar su frontera con México y detener la inmigración ilegal y pese a los graves peligros que el intento de entrar en EEUU acarrea, el flujo de inmigrantes de países al sur de México no se detiene. El narcotráfico ha visto en estos individuos ajenos a la violencia mexicana, cuya falta de documentos les expone a una situación de debilidad e indefensión, una nueva fuente de un negocio infame centrado en la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. El aumento de la violencia entre bandas era considerado por el Gobierno como el resultado del éxito de su política contra el narcotráfico. La aparición de asesinatos masivos de inmigrantes, por el contrario, demuestra que la búsqueda de nuevas actividades delictivas no se detiene.