El ministro de Fomento, José Blanco, ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre el ajuste fiscal que se está produciendo en España y, en especial, ha planteado los cambios en la fiscalidad. Lo ha hecho durante unas fechas estivales en las que el impacto del mensaje parecen elevar la protesta y la preocupación del ciudadano, por aquello de que son días en los que crece el consumo y hay una tendencia en cada familia a acordarse más de la economía propia. Por lo tanto, las palabras de Blanco han tenido un gran calado inmediato.
En las propuestas conocidas y puestas en marcha hasta la fecha, la reducción del gasto ha sido el elemento básico de la corrección del déficit público. Así, se avanzó ya en febrero que el sector público reduciría su empleo, reponiendo solo cerca del 10% de las jubilaciones hasta el 2013. Y, con posterioridad a la crisis de la deuda española, el grueso de las medidas tomadas han ido encaminadas a reducir el gasto (contracción de la inversión pública, disminución de los salarios de los funcionarios y congelación de las pensiones). En el ámbito de los ingresos, la única medida tomada ha sido el aumento del IVA el pasado mes de julio. Y aunque algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, han elevado el IRPF para las rentas más altas en la parte correspondiente a su recaudación, lo cierto es que el paquete de consolidación fiscal del Gobierno está muy centrado en el gasto y en los impuestos indirectos, con efectos indiscriminados.
ESCASEZ DE INGRESOS
Esta falta de actuación en el capítulo de ingresos es una de las razones que pueden explicar la posible subida de impuestos. En este sentido, el argumento de Blanco de que la fiscalidad española es de las más bajas de la Unión Europea tampoco puede echarse en saco roto. Nuestro déficit público, del orden del 11% el año pasado, era el resultado de unos ingresos en torno del 35% del PIB y de unos gastos por encima del 45%. Estas cifras habría que compararlas, por ejemplo, con las de Alemania o Francia, donde los ingresos de todo tipo de sus administraciones sobrepasan largamente el 40% de su renta nacional. Y lo han hecho desde hace más de 40 años.
A POR LAS RENTAS MAS ALTAS
En todo caso, el Gobierno debería asegurar que su propuesta, en caso de llevarse adelante, elevaría la tributación sobre las rentas altas, como han hecho conservadores y laboristas británicos, y menos productivas. Tendría así la doble virtud de corregir, parcialmente, el sesgo actual del ajuste fiscal hacia aquellos que más tienen, al tiempo que reforzaría el Estado del bienestar, en línea con las necesidades de una sociedad más envejecida y más avanzada.
