A corto plazo, no habrá recuperación del empleo si no se reactiva el sector de la construcción. Por ello, los ajustes que requieren el sector y el nuevo marco de actuación se deben definir con prontitud y acierto.

La crisis económica viene exigiendo importantes ajustes en nuestros sectores productivos. La construcción ha sido el más afectado por la crisis y el que más ajustes requiere. La burbuja inmobiliaria ha pinchado con la crisis financiera internacional. Las constructoras han reducido sustancialmente su actividad, expulsando al paro a muchas personas. La actividad mantenida ha sido gracias a la obra pública, ya que la obra residencial se ha visto paralizada. La burbuja inmobiliaria incidió sobre la producción y sobre los precios de la vivienda, concentrándose la demanda, y consecuentemente la actividad, en vivienda libre y nueva. En España se producían cuatro veces más viviendas nuevas que en Alemania, y, sin embargo, rehabilitábamos una cuarta parte de las viviendas que se rehabilitaban en este país. Esta realidad muestra el desajuste que existía, y además estaba propiciando un mapa urbano con nuevas barriadas muy pobladas y centros históricos con viviendas antiguas y escasamente poblados.

El redireccionamiento del sector de la construcción va a significar una importante reducción de la producción de vivienda libre, más vivienda protegida, más régimen de alquiler y más rehabilitación de viviendas antiguas. La construcción de vivienda libre va a permanecer bastante aminorada y no alcanzará nunca las cifras anteriores. En estos momentos mantenemos más de 700.000 viviendas en venta que no encuentra clientes, principalmente por problemas de financiación.

Con este diagnóstico, el Gobierno de la nación ha adoptado recientemente medidas acertadas para la reactivación del sector de la construcción. Ha incluido en los programas del ICO financiación directa a los promotores para vivienda protegida tanto en régimen de venta como alquiler. Y ha reducido los impuestos para estimular la rehabilitación de viviendas, aplicando el IVA reducido para todo tipo de obras de mejora y de rehabilitación de vivienda (no sólo albañilería). Estas obras habrán de realizarse antes del 31 de diciembre del 2012. Se podrá aplicar una deducción en el IRPF del 10% de las obras de mejora en vivienda habitual realizadas hasta esa fecha. Las obras deben ser para eficiencia energética, cubiertas, saneamiento, instalaciones de electricidad, agua o gas, sociedad de la información, eliminación de barreras arquitectónicas.

Por el contrario, ha sorprendido el reciente anuncio del Gobierno de recortes en política de vivienda, hasta el punto que la Junta de Andalucía se ha mostrado en desacuerdo. Eliminar las ayudas directas a la compra de VPO y concentrar todas las ayudas en la rehabilitación y en la vivienda de alquiler, aumentando hasta un 90% la financiación de las promociones de VPO, parece no convencer ni a promotores ni a las comunidades autónomas. Parte importante de los objetivos de reactivación del sector, fijados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía, están en la construcción de VPO para venta, y desde luego esta medida no colaboraría a su consecución.

Este recorte se lo tendrá que replantear el Ministerio de la Vivienda, en comunicación con las comunidades autónomas, porque puede perjudicar al sector. En estos momentos, la construcción en obra residencial tiene como opción principal para recuperar la actividad la VPO para venta, dado que el régimen de alquiler tiene más problemas para conseguir financiación.

* Portavoz Socialista de Economía en el Senado