Chavez y la iglesia venezolana

No cabe duda de que las relaciones entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, y la Iglesia católica no pasan por su mejor momento; el problema viene desde muy atrás, si bien agravado ahora por las declaraciones recientes del arzobispo de Caracas, quien tras la conclusión de la 94 Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana ha traspasado los límites y las normas más elementales de la diplomacia, lo que podría haberse interpretado como una violación por parte de monseñor Jorge Urosa Savino del artículo 15 de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, aquellos mismos que se firmaran bajo el pontificado de Pablo VI y de la presidencia del derechista Rómulo Betancourt. Estoy seguro de que ni al entonces nuncio de Su Santidad en aquel país hermano, Luigi Dadaglio, ni tampoco al ministro plenipotenciario de Exteriores, doctor Falcón Briceño, se les pudo pasar por la cabeza en ningún momento, en aquel ya lejano 6 de marzo de 1964, que algún día bien pudieran llegar a romperse unos acuerdos como los firmados por ellos, escritos en lengua italiana y en español y recogidos en diecisiete artículos, que como no podía ser de otra manera claramente beneficiaban a la Iglesia de Roma. Allí, también por tanto la jerarquía eclesiástica estuvo muy mal acostumbrada, sin duda alguna no sólo por el peso de la tradición histórica, sino también como consecuencia de los mismos, al igual que ocurre en España, donde los Acuerdos firmados con el Vaticano chirrían del todo y andan ya pidiendo a gritos su denuncia, cosa que reconozco me gustaría, pero que a buen seguro no se atreverá a hacer por ahora mi presidente, no sé si temeroso por sus consecuencias para el país o, tal vez, por no abrir otro frente más en un momento delicado para España. Falta, a mi juicio, haría y razones las hay más que de sobra, para que así obrase en consecuencia, como ahora el mandatario bolivariano lo ha hecho en América al dar la orden a su embajador ante la OEA, Roy Chaderton y al ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Madero. El presidente ha criticado a la jerarquía eclesiástica, a la que acusa no solo de haber violado la Constitución sino de haberse tomado también unas atribuciones que en modo alguno les corresponden, habiéndoles recalcado a los de ribeteado hábito talar que el Tribunal Supremo es al único al que le incumbe decir si una ley es o no constitucional y no, por tanto, a la Iglesia de Roma. El arzobispo de Caracas, por su parte, le ha dicho al presidente Chávez que él mismo tiene una línea marxista que quiere imponer al pueblo, rechazándose en el texto de la CEV la propia imposición de un Estado socialista inspirado en el extinto régimen soviético, a lo que el presidente Chávez les ha contestado tachando al arzobispo de Caracas de "fascista" y "oligarca", quien desde que fuera nombrado, en el 2006, en sustitución de monseñor Ignacio Velasco ha estado siguiendo la línea impuesta y marcada desde el Vaticano. A mí no me cabe duda de que el Estado tiene todo el derecho del mundo para denunciar los referidos Acuerdos, los que tanto benefician aún a la Iglesia romana en detrimento de otras confesiones no católicas, pero haría bien el presidente en hacerlo con cautela y, sobre todo, en el marco constitucional y sin olvidar el espíritu del artículo 16 de los mismos, donde ya se apunta a resolver de forma amistosa cuantas diferencias de interpretación pudieran darse. La Iglesia, por su parte, debería de haberse dado cuenta ya hace años de que éstos no pasan inútilmente y que ya no estamos en la época del presidente Betancourt, quien fuera el que les diera todo el poder espiritual y de culto a Roma, así como la potestad también para que promulgasen en su territorio cuantas bulas, cartas y demás documentos eclesiásticos creyesen necesarios y estuvieran en el ámbito de su competencia, sin olvidar las múltiples ayudas económicas para la construcción de templos, para las misiones o bien para "el decoroso sostenimiento de obispos, vicarios generales y cabildos eclesiásticos". El Estado venezolano pues, de conformidad con la Constitución democrática de los primeros sesenta de la pasada centuria, les reconocía el derecho de organización, siempre que fuera para promover la fe entre los propios naturales de aquel país americano, si bien al margen de todo partido político, cosa que ahora la Iglesia no cumple en demasía, al haberse alineado de manera más que manifiesta con la oposición al régimen del comandante Chávez, a quien por voluntad propia la ciudadanía respeta y siempre vota, lo que no puede decirse lo mismo de aquellos otros obispos y jerarcas que con la natural complicidad, y porqué no decirlo también con el plácet discreto de las autoridades venezolanas, les son impuestos hasta ahora al referido pueblo desde Roma.