Hace ya más siete lustros que, en un establecimiento cercano a nuestra Facultad de Filosofía y Letras, creo recordar haber escuchado en algunas de nuestras charlas decir a un compañero, que el nuestro había sido siempre y aún era un país para la desesperanza. Y mucha razón llevaba el medievalista y hoy catedrático Fernando Mazo, secretario del Centro de Estudios Propios de la UCO, sobre todo, cuando a la luz de cuanto se observa a diario, en relación con todo lo acaecido décadas atrás en nuestra querida piel de toro. Eran años aquellos, como ahora, difíciles, en los que siempre se nos dijo lo modélica que era nuestra Transición política a la democracia, la misma que pudimos vivir con el compromiso militante y que, como no podía ser de otra manera, fue hecha bajo el control estricto de las fuerzas más conservadoras del país, las cuales dominaban los resortes y los aparatos del Estado, desde la Monarquía hasta el Ejército pasando por la judicatura, tal y como nos lo recuerda ahora en un artículo de opinión el catedrático de Políticas Públicas de la Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, a quien como a tantos de nosotros, no deja de sorprenderle que un sindicato ultraderechista como es Manos Limpias y un partido de corte fascista, como fuera Falange Española de las JONS, hayan podido hoy en día llevar, con la necesaria connivencia de algunos magistrados, hasta los tribunales de Justicia, y para sentarlo en el banquillo de los acusados si un milagro no lo remedia pronto, al único juez que en España ha intentado precisamente llevar hasta allí a los responsables de los enormes crímenes realizados por aquel régimen que saliera del golpe de Estado de 1936.

Una persecución que arreció a raíz de que meses atrás se destapara parte del entramado del "caso Gürtel". Cualquier historiador del siglo XX que se precie conoce lo que por aquellos trágicos años de nuestra convulsa historia significara la propia Falange, con su "dialéctica de los puños y las pistolas" como útil de la acción política. Por eso, me extraña aún más ahora, ya que nadie en su sano juicio podría imaginar, ni tan siquiera por un momento, por ejemplo, al Partido Nacionalsocialista alemán, ilegal en su país, acusar y llevando hoy hasta el Supremo al único juez que hubiese podido llevar a los tribunales de justicia a los responsables de tan horrendos crímenes como cometieron los nazis durante su mandato, no solo en Alemania, sino también en otros lugares del viejo continente.

En España, a diferencia de lo que aconteció en la vieja Europa o, más tarde, en el Cono Sur americano, jamás se enfrentaron a un juicio ni asumieron sus propias responsabilidades penales los criminales de guerra. Ciertamente, nuestro país debe ser bien diferente y, cómo no, lo es también para la desesperanza, como bien afirmara mi siempre admirado doctor Mazo, puesto que de no ser así, en modo alguno entiendo que tan alto tribunal enaltezca hoy, mediante la resolución que el ponente Adolfo Prego hiciera de la labor de un juez instructor como Luciano Varela, al "control de la legalidad" por parte de una Ley de Amnistía de 1977, que se refiere tan solo a delitos políticos, rechazando, por tanto, cuantos alegatos, ante él mismo, se le presentaran por parte de Garzón, un juez íntegro en todos los sentidos.

Como bien se ha puesto de manifiesto recientemente por el magistrado Ximo Bosch, los tribunales internacionales han declarado reiteradamente que siempre serán perseguibles los crímenes contra la Humanidad y la falta de validez, por tanto, de las normas de punto final. Por ello, en el hipotético día en que a Garzón se le juzgue en el Supremo por haber prevaricado al abrir una causa en contra del franquismo e intentar buscar a los desaparecidos de la guerra, muchos de nosotros, al menos testimonialmente, seremos los que junto a él nos sentemos también en el banquillo, para mostrarle así nuestra más sincera solidaridad, por entender que jamás prevaricó en sus resoluciones y, además, porque ya era hora de que alguien como él, con su inmaculada trayectoria democrática en defensa de los Derechos Humanos, pusiera en este país remedio a tan grande injusticia histórica, tal y como fueron los crímenes contra la Humanidad del franquismo.

Juzgarlo por investigarlos no deja de suponer una aberración histórica difícil de comprender y de explicar al mundo entero. ¿Puede el máximo tribunal de un Estado democrático dar amparo a una pretensión que numerosos españoles de hoy consideramos un ultraje difícilmente compatible con los valores democráticos? Hacerlo, para mí, conllevará en el ámbito internacional el desprestigio de nuestro Estado y también el de su Justicia.

* Catedrático