No hace falta más que mirar alrededor para observar que la sociedad española ha evolucionado hacia cotas de una mayor libertad; sin embargo, aún persisten en ella determinadas rémoras del nacional-catolicismo pasado, imperante durante la dictadura franquista, que no acaban de desaparecer por mucho que los diferentes gobiernos lo intentaran tímidamente cuando impregnaron la actual colectividad de otros valores de tipo laico. De ahí que, tal vez, hubieran en adelante de proponerse como objetivo claro la revisión del Concordato con la Iglesia de Roma, en todos sus aspectos, y no sólo en lo tocante a las finanzas, con el fin de lograr, como siempre, que se propugnara desde IS-PSOE una separación real y efectiva entre la Iglesia y el Estado. Nos propone en todo momento la referida corriente socialista que, para favorecer el avance del laicismo y desde el respeto a todas las creencias, se apruebe en el menor tiempo posible un Estatuto de Laicidad, puesto que el Estado democrático claramente ha de ser laico y con más razón aún desde que la inmigración masiva lo hace más que necesario, por el tipo de convivencia en dicho campo. Este pacto buscaría que el Estado no interviniese para nada en la actividad religiosa y que las diferentes iglesias y organizaciones que profesan algún tipo de credo en modo alguno interfieran tampoco en la esfera pública. Resulta, pues, imprescindible la elaboración del referido Pacto por la Laicidad, que regule todos estos aspectos, ya que el laicismo se convertiría así en el espacio en blanco por el que se nos garantice cualquier tipo de convivencia entre los españoles de nacimiento o de adopción. Eso mismo lo piensan las más de tres mil mujeres, algunas católicas, agnósticas, ateas, apóstatas, protestantes, animistas o bien de otras identidades religiosas o filosóficas, quienes durante el pasado puente de la Constitución se reunieron en la ciudad de la Alhambra para celebrar unas jornadas feministas, en parte, con la finalidad de poder promover y participar en la construcción del referido Estado laico, el cual debería garantizarnos no sólo el pluralismo, sino también el derecho humano de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, como derechos individuales que pueden entrar en conflicto con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por eso mismo, reclaman estas mujeres desde Granada, con suma urgencia, un Estado laico que garantice a todos la libertad de conciencia, pidiendo participar de igual modo en cuantas plataformas pudieran formarse en el Viejo Continente o bien en otras esferas del ámbito internacional. La situación de privilegio que vive la Iglesia romana se convierte, pues, para ellas en un obstáculo serio para el avance de dichos derechos, especialmente en lo tocante a su sexualidad y a la propia reproducción de las mujeres. De ahí que, en un manifiesto conjuntamente firmado por la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, las Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo de Reflexión Feminista del INET, se muestren contrarias a la intolerable actitud actual de los jerarcas católicos, expuesta en el reciente caso del proyecto de ley sobre la IVE, en el que no dejaron de vislumbrar la tibieza de un gobierno de un país aconfesional, frente a la injerencia de los referidos mitrados. Las contradicciones flagrantes que se derivan de una política que tiene por meta la igualdad de género y el pago del 0,7 a una institución machista y misógina, como es la Iglesia universal, para que pueda continuar consolidando el poder y su tradicional estructura masculina, mientras rinde cuentas con una memoria tan poco detallada como inadecuada en la utilización de los propios recursos públicos, es por lo que en el susodicho manifiesto, presentado recientemente a los medios, se inste al Gobierno de Rodríguez Zapatero a dar cuantos pasos fueran necesarios para que se institucionalice de una vez por todas en España un Estado laico, que ponga fin a los privilegios de los prelados y de una institución que en líneas generales pudiera estar en contradicción con los principios básicos de la igualdad de género, de la democracia o del propio pluralismo. Por otra parte, los cargos electos socialistas deberían asumir que, para avanzar hacia dicha separación efectiva, no deben representar al Estado en actos públicos de confesión religiosa alguna.

* Catedrático