El pasado día 23, una interesante columna del guionista- realizador Manuel Mestre ponía el punto en la llaga y nos planteaba a todos, desde las páginas de Diario CORDOBA, su particular reflexión, de que igual no estaría nada mal ahora, cuando estamos inmersos en plena crisis económica, hacer una buena cirugía. Como es lógico, se refería, como hipótesis, a la posibilidad de que desaparecieran las diputaciones provinciales o cuanto menos que pudiera ponerse en solfa su actual rol, ya que si en nuestro país el poder se reparte entre el Gobierno central, autonómico y el de los propios municipios, parecería lógico que no se conciba ni encaje ningún otro mando que pudiera ser de tipo provincial, que bien debiera corresponder a las corporaciones locales para ser articulado al mismo tiempo por las nuevas delegaciones de los respectivos gobiernos regionales y máxime cuando, desde 1978, muchas de nuestras antiguas provincias españolas ya se trasformaron en gobiernos autónomos. Con ello, no me cabe la menor duda de que se ahorrarían gastos, un dinero que, desde luego, no nos sobra en estos precisos momentos y que bien pudiera redundar en beneficio de aquellos parientes pobres de la historia del municipalismo español que más lo necesitan en la actualidad, que no son otros que los ayuntamientos, sobre todo aquellos de menor número de habitantes, que vieron crecer sus competencias sin que al mismo tiempo se incrementaran sus ingresos para atender el gasto generado.
Estoy pues plenamente de acuerdo con aquél. Es más, yo le diría también a él mismo y, cómo no, al resto de la clase política de nuestro país que, como bien se planteara en septiembre del 2006 por parte de IS-PSOE, ha llegado ya el momento de racionalizar los diferentes niveles administrativos. De ahí que los miembros de dicha corriente de opinión socialista se plantearan entonces acerca de la conveniencia de suprimir hoy en día las actuales divisiones provinciales y las diputaciones, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que hayan implantado ya o bien pretendan hacerlo en cualquier momento en su territorio una nueva delimitación comarcal, una vez que los nuevos entes existentes en las respectivas zonas hayan recibido la totalidad de competencias transferidas por parte de sus respectivos gobiernos autonómicos y diputaciones.
Además, no convendría olvidar, Rodríguez Zapatero, lo obsoleto de un sistema nacido por real decreto en septiembre de 1833, durante la regencia de María Cristina, tras un fallido intento en época de las Cortes de Cádiz y que tan solo tendría la aportación de Primo de Ribera, en 1927, cuando dividió a las Canarias en las dos provincias actuales, ni tampoco, como bien sabe el Gobierno, que en el seno del socialismo español siempre hubo una fuerte impronta municipalista. Las corporaciones locales han de jugar pues un papel fundamental en la convivencia y en las prestaciones de servicios a los ciudadanos. Por ello, en el proceso descentralizador, habrían de efectuarse cuantas reformas fueran necesarias para garantizar a éstas la capacidad para adquirir nuevas competencias como mecanismo para realizar nuevos servicios y prestaciones. Naturalmente, al mismo tiempo, habría que asegurar por parte del Estado español que las corporaciones locales puedan recibir la dotación económica suficiente que les permita hacer frente a estas nuevas competencias que ya tienen, lo que evitarían no pocos de los problemas de corruptelas que actualmente existen .En buena medida, cuantos entes provinciales hay en España tan solo sirven ya a los municipios menores y a las diferentes formaciones o a sus propios intereses particulares y de clientelismo político. Solo haría falta mirar hacia cualquier territorio peninsular para poder constatarlo y ver que cuanto afirmo pudiera ser una realidad no lejana, habiendo generado no pocas veces incluso algún que otro problema; miren si no, hacia el Mare Nostrum, desde Cataluña y Baleares a algunas provincias andaluzas, pasando por otras comunidades ribereñas o hacia algún que otro lugar insular o de nuestra particular piel de toro. De ahí que, el propio columnista referido, sin haberlo afirmado en ningún momento, se llegue a plantear, y con no poca razón, si no sería ya el momento para abrir el consabido debate para buscar un salida diferente de aquí a las próximas elecciones municipales. Por el bien de la sociedad y del propio sistema no cabe duda de que su planteamiento no solo resulta plausible y muy necesario, sino también oportuno, sobre todo por vivir ahora inmersos en una terrible crisis económica y, cómo no, también de valores fundamentales.
* Catedrático
