El Estado democrático tiene la obligación de recurrir a la tecnología de vanguardia para hacer frente al terrorismo, combatir el crimen organizado y perseguir la delincuencia de cuello blanco. El sistema Sitel de rastreo telefónico parece reunir todos los requisitos de eficacia para cumplir con la misión preventiva encomendada a las fuerzas de seguridad. Pero caben un par de precisiones.
La primera hace referencia a la necesidad de que la utilización del sistema Sitel se haga siempre bajo tutela judicial y nunca por iniciativa propia de las fuerzas de seguridad. La segunda apunta a la confidencialidad de las conversaciones interceptadas y a la utilización de las mismas. Las dimensiones del daño que puede causar a terceros la difusión de estas conversaciones obliga a exigir el máximo rigor en la custodia de las mismas. Por todo ello, parece conveniente la aprobación de una ley que fije criterios y garantías, puesto que la legislación en vigor puede haber quedado superada por las innovaciones tecnológicas. Pero hay una gran diferencia entre esto y sembrar la sospecha sobre el uso que hasta ahora ha hecho el Gobierno del Sitel, como hace el PP. Los conservadores no pueden olvidar que fue uno de sus gobiernos el que acordó la compra del Sitel y, que se sepa, nunca insinuó la tramitación de un cambio normativo o un reglamento especial para su utilización. No por sabido es ocioso repetirlo: los ciudadanos tienen derecho a la seguridad. Cuando la sociedad corre algún riesgo, debe disponer de resortes para protegerse.
