Tras las convulsiones de las últimas semanas por los escándalos protagonizados por los casos Pretoria y Millet, la Generalitat anunció ayer las primeras medidas para reforzar la lucha contra la corrupción y mejorar el control del buen uso de los fondos públicos. Se trata de un conjunto de reformas legales que entrarán en vigor con el nuevo año y deberán marcar un antes y un después en cuanto a limpieza de las administraciones y su fiscalización.

Prohibir las donaciones anónimas a las fundaciones vinculadas a partidos es una medida de higiene democrática. Lo mismo cabe decir del veto a que esas fundaciones reciban dinero procedente de otras fundaciones que, a su vez, lo han recibido de la Administración. Tanto o más importantes son las medidas que se impulsan para controlar el volumen y el destino de las plusvalías fruto de operaciones urbanísticas en los municipios, maniobra central de los protagonistas del caso Pretoria. La creación de un registro de convenios para ganar en transparencia y la obligación de que las plusvalías fruto de recalificaciones de terrenos reviertan también en los ayuntamientos son dos iniciativas a las que, a la espera del detalle del enunciado, no cabe poner objeciones. En todo caso, lo que hay que esperar es que ese conjunto de medidas tengan la mayor fuerza y legitimidad política posible. No debería ser difícil el consenso en un asunto tan trascendente y en el que los políticos se juegan una parte importante de su menguada credibilidad.