La constatación de que hubo fraude electoral en Afganistán y el anuncio de una segunda vuelta son muy buenas noticias, pero difícilmente mejorarán a corto plazo la situación de violencia y desgobierno en el país. La convocatoria para una segunda vuelta otorga legitimidad a un proceso que carecía de ella y es también un reconocimiento a los miles de votantes que acudieron a las urnas desafiando las amenazas de la violencia talibán.
Hamid Karzai, presidente saliente y principal beneficiario del fraude, ha aceptado los resultados de la Comisión Electoral Independiente sin plantear batalla ante el Tribunal Constitucional. Ello indica la voluntad --y necesidad-- de poner fin al largo y tortuoso proceso electoral. En esta voluntad han tenido un peso determinante los varios emisarios occidentales, en particular estadounidenses, que estos días han estado en Kabul.
La incertidumbre política había paralizado los planes de la OTAN, así como la nueva estrategia del presidente Barack Obama en un momento en el que el deterioro de la situación es palpable tras un impasse muy largo que ha sido aprovechado por los extremistas para socavar las más que débiles bases del Estado.
La segunda vuelta ha sido convocada para el 7 de noviembre y es casi imposible que en poco más de tres semanas desaparezcan las condiciones que hicieron posible las irregularidades. También es improbable que en tan poco tiempo decrezca la inseguridad que impidió el voto a muchos ciudadanos en agosto pasado.
