Lo que tan difícil, si no imposible, parecía desde la perspectiva de una década atrás, se volvió lógico y asequible en el curso del almuerzo en el que la pasada semana los presidentes de Unicaja y Cajasur cerraron su principio de acuerdo para fusionar ambas entidades. Por el contrario, lo que tan a mano quedó tras ese almuerzo, el ajuste de los detalles, se ha convertido en los últimos días en un verdadero encaje de bolillos corporativo que ha puesto el proceso en un clima de alta tensión y serio riesgo, cuyo final feliz no contaba en la misma mañana de ayer con apuestas seguras de éxito de ninguno de sus protagonistas.

El recuento de los últimos días ha evidenciado la extraordinaria dificultad del proyecto, el imprescindible sentido de la responsabilidad que cada parte debe poner para sacarlo adelante, la oportuna y fructífera mediación de las instituciones y el necesario ritmo del proceso que, marcado por la evidente urgencia del contexto financiero, obliga a no dar un paso atrás.

Lo que durante una semana se ha dado por hecho en Córdoba, Andalucía y España -la fusión- estaba hasta mediodía de ayer, al menos parcialmente, en el aire. La mediación de la Consejería de Economía ante ambos presidentes -con la presencia indirecta también del obispo- salvó in extremis el acuerdo -ver páginas 2 a 5-. Entre hoy y ayer, la fusión ha dado un salto definitivo. No podemos caer en un alarde de campanario pero ahora los primeros e imprescindibles pasos están dados, los que aún están pendientes tienen un calendario previsto y los compromisos parecen en su mayor parte asegurados.

Después del acuerdo alcanzado ayer por el consejo de administración de la caja cordobesa y el visto bueno formal de la consejería de Economía de la Junta de Andalucía, el horizonte tiene cimas claras en el corto y medio plazo. La primera será triple y estará hoy en el acuerdo previsto por el consejo de administración de Unicaja, el posterior comunicado conjunto de ambas cajas a la CNMV y su presentación en el Banco de España, que debe avalar el plan económico de la fusión, estimado en unos mil millones de euros, no de ayudas públicas, sino de participaciones preferentes -reembolsables- y avales del Fondo de Garantía de Depósitos. Luego vendrá la intervención política y parlamentaria que modifique la actual ley de cajas y la aportación del protocolo de prevista para el 1 de enero de 2010. Entonces comenzaría el definitivo proceso de fusión con un periodo de dos años, en los que se deben resolver los retos más preocupantes, tanto desde la perspectiva de eficacia y funcionalidad de la futura caja como desde el ámbito más social, el del empleo, que no puede significar un precio traumático para la sociedad cordobesa. El hecho de que esta nueva caja aporta al mapa financiero español una estructura directiva sin precedentes y unos singulares códigos de cogestión, precisará de la mejor profesionalidad de sus rectores y de una rotunda paciencia y generosidad institucional de ambas entidades para que lo que hoy ha sido un paso histórico y decisivo, tan necesario como difícil, en poco tiempo sea la gran caja que necesita Córdoba y Andalucía.