El fracaso del diálogo social por el cual apostaron con distinta intensidad y objetivos el Gobierno, los sindicatos y la patronal ha desembocado en un cruce de descalificaciones tan efectista como inútil. Finalmente, el Ejecutivo ha decidido legislar por su cuenta para atender a los parados de largo duración y en situación extremadamente difícil, sin que se avizore siquiera a medio plazo un mínimo acercamiento entre las organizaciones sociales. Es decir, se ha perdido un tiempo precioso para encarar con medidas concretas los efectos más perniciosos de la crisis económica.

Para el Gobierno ha resultado insalvable la exigencia de los empresarios de reducir cinco puntos -15.000 millones de euros- las cotizaciones de la Seguridad Social y para los sindicatos ha sido del todo inaceptable el nuevo marco de relaciones laborables propuesto por la patronal, mientras que para esta no cabe hablar de diálogo social sin cambiar profundamente las modalidades de contratación y despido. Es decir, cada parte se ha mantenido inamovible en la casilla de salida, mientras la crisis no deja de suministrar estadísticas inquietantes.

Lo cual hace aún más incomprensible la posición del PP en esta materia al culpar al Gobierno del fracaso de la negociación, como si las otras partes, y de forma especial los empresarios, no hubieran endurecido su posición. Entre las obligaciones del Gobierno está la de garantizar que la Seguridad Social no sufrirá tensiones de caja ni se verá en la necesidad de recurrir al fondo de reserva. Y no parece que en este punto quepa mantener demasiadas discrepancias, porque de no haber respetado la antedicha obligación, los populares hubiesen sido los primeros, y con razón, en afear su comportamiento.

Más parece que el diálogo social ha encallado porque se ha encarado con poca generosidad y disposición al pacto. Ha dado la impresión de que cada parte quería aprovechar la ocasión para discutir aspectos no específicamente referidos a la atenuación del coste social de la crisis, con su corolario de desempleo y descenso de la actividad en todos los sectores.

¿Qué consecuencias puede tener el descarrilamiento del diálogo social? Lo menos que puede decirse es que no presagia un buen otoño y hace temer que, en medio del durísimo ajuste de la economía, es una muy mala noticia. Transitar por la crisis sin un libro de ruta común para todos es la peor de todas las opciones.

En cuanto a Andalucía, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, corroborando el optimismo del presidente Griñán el pasado jueves en Madrid, dijo ayer que no existe ningún atasco en las negociaciones del VII Acuerdo de Concertación Social y que, a pesar de los lógicos vaivenes y de la complejidad de la negociación, ve posible que pueda cerrarse el próximo otoño porque no estará ligada a temas puntuales de la crisis. Sería deseable que acertase en su predicción.