La decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de nombrar a un juez conservador y profundamente religioso para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resultado, a la postre, determinante para que el CGPJ fuera ayer incapaz de emitir un informe sobre la ley del aborto. Nunca en la historia del órgano de gobierno de los jueces había ocurrido algo semejante. Y sucedió porque Carlos Dívar, elegido por Zapatero en una especie de guiño al PP que sorprendió a propios y extraños, votó siempre junto al bando conservador, contrario a la ley de plazos sobre la interrupción del embarazo.
El CGPJ valoró dos informes, uno de cada sector, pero ninguno pudo aprobarse, por lo que no habrá informe oficial, que es preceptivo, pero no vinculante. De modo que los parlamentarios dispondrán de los dos textos.
En el polémico punto del aborto a los 16 años, el informe progresista acepta que la decisión sea de la mujer, aunque recomienda que los padres estén informados.
En la pasada legislatura, el CGPJ se dividía escandalosamente casi siempre de acuerdo con la ideología de los vocales afines a los partidos que los designaron. Renovar el organismo costó meses y meses de negociaciones entre el PSOE y el PP. Al final, se logró, tras la concesión de que el presidente fuera Dívar. Pero si eso se traduce, como ahora, en la inoperancia, poco o nada habremos ganado.
