"Yo siempre he considerado a los partidos locales como una enfermedad de la política española." Esta frase que bien podría haber sido pronunciada ayer mismo está datada en 1908 y es original de don Antonio Maura y Montaner, uno de los escasos estadistas que ha dado este viejo y lacerado país nuestro.

No hay novedad, pues, en esta sombría perspectiva de la realidad nacional que hunde sus raíces en la irrupción de los nacionalismos decimonónicos y que hoy haría repetir al propio Maura que habitamos en una nación enferma.

Estos treinta años de joven democracia y más en particular el último lustro presentan ya inequívocos síntomas de una dolencia que, de continuar sin ser tratada, podría llegar a agravarse hasta el extremo de provocar el colapso del sistema, fatídico y repetido desenlace que ahora parecíamos haber superado.

El más claro y serio indicio de enfermedad de nuestra democracia, amén del ciego sectarismo que también ha rebrotado, es la utilización de la enseñanza como semillero de hispanofobia, tal si la libertad y la ciudadanía nos fuesen otorgadas no en función de la pertenencia al Reino de España sino del grado de adhesión a una cultura predeterminada por el poder secesionista de turno.

La muy recientemente aprobada Ley de Enseñanza de Cataluña, que no por esperada como desarrollo del ínclito Estatut es menos humillante para todos los ciudadanos catalanes nacidos allí o no que se sientan a la vez españoles, ha sido tácitamente considerada como una ley de exclusión del castellano, lo que de entrada nos resume la situación real de los hijos y/o descendientes de los hispanohablantes en las escuelas públicas ahorrándonos así comentarios.

¿Alguien mínimamente sensato e informado puede siquiera imaginar que en Alsacia, donde más de la mitad de la población habla un dialecto alemán, se impidiera estudiar francés? ¿Quizá que no se dejase cursar inglés en Gales, donde son bilingües y suelen utilizar el ancestral cimraeg céltico? ¿O que, en Nápoles, donde usan un dialecto local, estuviera prohibido hablar italiano en las aulas, o que, aun en tales hipótesis, se violasen sentencias judiciales al efecto? ¿Acaso que una absoluta ilegalidad condicionara a todo un Estado?

Maura, categórico, decía que no podíamos llamarnos españoles mientras no sepamos asegurar nuestra integridad nacional. Y constitucional, añadiría yo.

* Escritor