Que la situación económica actual en España es difícil, lo sabemos. Que los beneficios y la actividad que ha tenido el sector de la construcción en la última década no son los mismos, también lo sabemos... pero que eso sea la justificación para no pagar a los trabajadores lo que les pertenece por ley, no lo admitimos.

La clave del conflicto que los sindicatos y la patronal de la construcción mantenemos en Andalucía se resume en una sola cifra: el 3,5%. Se refiere a la subida salarial fijada para 2009, que recoge el IV Convenio General de la Construcción (2007-2011) que fue firmado conscientemente por la patronal en los últimos tiempos de bonanza económica y que ahora pretenden obviar en estos tiempos de crisis, donde los beneficios son menores. Los empresarios del sector, perfectamente orquestados bajo una estrategia calculada que siguen todas las provincias (excepto Huelva), están reculando en su postura y se resisten a abonar tal cantidad de dinero que, sólo en el primer semestre del año, les ha supuesto un ahorro de más de 125 millones de euros por no pagar esas subidas ni cotizarlas a la Seguridad Social...

Juegan a ser esos perfectos hombres trajeados, de guante blanco, que consiguen suculentos botines bajo una amenaza sibilina de "manos arriba, esto es un atraco". Y los es, en toda regla.

¿Si no, como se denominaría al acto de apropiarse de lo ajeno?

Bajo su halo de prepotencia y aires invictos, los empresarios se están poniendo el mundo de las relaciones laborales por montera. Cinco meses duran ya las negociaciones, bloqueadas unilateralmente por los empresarios, haciendo oídos sordos y aferrándose a su argumento de que no existe un documento oficial donde fije que el IPC previsto para 2009 sea del 2%y no menos. Ni la doble respuesta afirmativa de la comisión paritaria de la construcción nacional, ni la decena de autos judiciales de similares conflictos en otras comunidades autónomas (donde se afirma que el 2% está recogido en las previsiones económicas del Gobierno), ni el hecho de que más de 40 provincias de España hayan aplicado esta subida (incluida Huelva), tienen validez alguna para ellos.

Esta rabieta empresarial, que pretenden dilatar en el tiempo para engrosar sus cuentas y su posición, ha obligado a que en pleno siglo XXI los más de 285.000 trabajadores y trabajadoras de siete de las ocho provincias de Andalucía, hayan tenido que secundar una huelga general en el sector, como la del pasado 1 de julio, para reclamar lo que les pertenece y cuyo éxito han tratado de desprestigiar algunos dirigentes empresariales confundiendo a la opinión pública con datos irrisorios y alguna que otra desafortunada declaración como que "la huelga la han hecho los desempleados del sector".

Se están poniendo en peligro los derechos básicos del diálogo social. En la actualidad tienen bloqueados las negociaciones y revisiones de los convenios colectivos de otros muchos sectores como pueden ser madera, comercio y tantos otros. Parece que no quieren dar su brazo a torcer y están poniendo en jaque la validez de un sistema bien avenido como las relaciones laborales. Tanto es así que UGT ya ha anunciado su intención de no firmar los acuerdos del inminente VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (ACSA) si no se desbloquea la negociación colectiva.

No se puede permitir que sean ellos los que marquen las reglas del juego y que su disposición a cumplir con los puntos firmados en los convenios colectivos dependa del viento que les sea más favorable, según sus intereses. En tiempos de bonanza poco se acordaron de subir el sueldo a los "curritos" en los mismos términos que crecían a un ritmo frenético los ceros en sus cuentas corrientes.

La situación pinta mal, pero las ganas siguen siendo las mismas. Desde la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Andalucía estamos agotando todas las vías legales, con la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de convenios, con demandas judiciales por la vía de lo social en todas la provincias afectadas y, ahora, por lo penal.

La federación está estudiando la posibilidad de elevar este caso a un conflicto colectivo (es decir, de carácter regional) y presentar una querella ante la Fiscalía en base al artículo 311 del Código Penal, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La resolución del conflicto está en sus manos. Cumplir con lo pactado y aplicar esa subida salarial del 3,5% para que todos estemos en las mismas condiciones.

* Secretario General de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en Andalucía