En Perú, los indígenas de la Amazonía, en unos pocos meses han venido llevando a cabo toda una lucha de titanes que, poco o nada diría yo, ha importado al resto del mundo civilizado. Afortunadamente, su constancia y, cómo no, también su propio compromiso en la lucha, ha servido para que al menos por ahora se le pueda poner freno a algunos de los decretos más polémicos de los últimos tiempos que, desde el Ejecutivo de Alan García y de su premier Yehude Simon, se habían previsto llevar a cabo para dicha zona de aquel país andino. Los aborígenes reclamaban la derogación de las llamadas "leyes de la selva", unos decretos legislativos que a su juicio se promueven para la explotación de los recursos naturales selváticos y que según la mayoría de ellos favorecen la presencia de las empresas transnacionales, que no pretenden sino el aumento de las inversiones, en detrimento del deseo de la población nativa, quien entiende que tan solo benefician al Tratado de Libre Comercio con los EEUU, considerado por aquellos como un auténtico ultraje para los humildes y, desde luego, un perjuicio más para toda la región.

En estos dos últimos meses los indígenas peruanos se han defendido a fondo para recuperar su dignidad, incluso con palos y lanzas, en contra de los helicópteros de las Fuerzas Armadas y de la policía, enviados por el Gobierno central, con el resultado de todos conocido de una treintena de fallecidos, entre militares y civiles, y de varios cientos de heridos en los disturbios que se desarrollaron en la primera semana del mes de junio, tras casi dos meses de movilizaciones, especialmente en el día Mundial del Medio Ambiente. Los sucesos de Bagua apenas si han saltado a los medios de comunicación social, dándose incluso hasta no pocas situaciones contradictorias, con acusaciones mutuas de genocidio por parte de unos y otros o de complot internacional. Según el presidente del comité de lucha regional, Aguanash, quien lideró las acciones de Bagua, la policía se había comprometido a dar una tregua a los diferentes grupos de manifestantes, quienes se vieron sorprendidos en la conocida como Curva del Diablo, cuando muchos ya se disponían a retirarse hacia sus pueblos en la selva. En el fondo de toda esta cuestión peruana creo que subyace lo que no pocos consideran como un ataque a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, al Convenio 169 de la OIT y, cómo no, también, a no pocas de las leyes de aquella nación hermana, tal y como ha sido reconocido por la propia Defensoría del Pueblo y por la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República. Por ello entiendo, que se haga cada vez más necesaria y urgente, que se convoque una nueva Asamblea Constituyente, para que en la nueva Carta Magna de los peruanos de una vez por todas pueda reflejarse el derecho de dichos pueblos de la Amazonía a disponer de su propio territorio ancestral y, de igual modo, a ser consultado en lo referente al uso de sus recursos hídricos y naturales, al igual que ya lo tienen reconocidos otros pueblos indígenas de algunos países como Bolivia, Ecuador o Venezuela, para la defensa de la común selva de la Amazonía, una zona que en el caso de Perú ocupa más de la mitad del territorio nacional, con una gran riqueza no sólo en biodiversidad, sino también en recurso hídricos y en minerales e hidrocarburos. No creo yo que los 56 pueblos indígenas de la zona se opongan al progreso, tal y como se les ha acusado por parte de las alguna autoridad central, lo que sucede a mi entender es que el desarrollo que se les ofrece por parte del Gobierno no es sostenible y, además, atenta contra los derechos de la propia Amazonía, que desde luego es patrimonio de todos. La selva es su territorio y también, cómo no, su mercado, donde encuentran de todo cuanto necesitan para poder subsistir. Por ello, atentar contra dicho territorio es negarles a estos pueblos el derecho a la existencia. Los pueblos indígenas reclaman una consulta en cuanto les atañe y la solución a mi entender pasa siempre por el diálogo, jamás por la represión y mucho menos como la llevada a cabo ahora en Perú, donde miles de familias, que han pretendido volver a escribir su historia, al pedir respeto para las comunidades originarias, han tenido ahora que huir para evitar la represión de la policía. Estoy de acuerdo con mucho de cuanto se ha manifestado por algunos en los últimos días, entre ellos con lo explicitado por Rigoberta Menchú o bien por el jesuita Cesar Torres, coordinador de Apostolado Social, quien ha invitado a los peruanos a construir una nación intercultural, sin racismo alguno que valga, ni tampoco donde se puedan dar discriminaciones como las actuales y en la que puedan integrarse de verdad las diferentes culturas que cohabitan el país, por su puesto siempre con un respeto máximo hacia la vida de todas las personas. Con él, sí que estoy plenamente de acuerdo.

* Catedrático