En tiempos de dificultades y crisis, las sociedades deben salir adelante con base al esfuerzo personal y colectivo, y al mérito de sus integrantes. Numerosos estadistas occidentales hablan de la corresponsabilidad de todos y, como decía John F. Kennedy , es la hora de preguntarnos no qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país.
Son las comunidades más dinámicas, las de mayor inversión en conocimiento e investigación, las que liderarán el cambio de ciclo. No todo consiste en créditos bancarios más abundantes y baratos, sino que en un mercado mundial y competitivo se impone aportar nuevas estrategias y soluciones que vendrán, sin duda, no de la reiteración de fórmulas pasadas, basadas en sistemas productivos ya superados.
Y por ello, todas las sociedades necesitan de fuertes líderes sociales, económicos y políticos en todos los niveles de responsabilidades. Los responsables públicos deben propiciar sistemas que, desde la legitimación democrática, permitan que las posiciones jerárquicas de la sociedad sean ocupadas por los mejores cualificados y más preparados. Las democracias de estilo anglosajón conservan la frescura de un sistema más espontáneo de representación que responsabiliza de forma más directa al candidato con la circunscripción electoral que le ha elegido. Por tanto, más que por el dinero rápidamente conseguido, por la clase social, raza o sexo, o por el nivel de marketing o de popularidad obtenido, o de obediencia ciega profesada a unas siglas determinadas, deben ser la inteligencia, la honestidad personal, la capacidad de trabajo, la trayectoria y el esfuerzo las señas de identidad en las que se reconozcan los líderes con los que necesitamos contar. Una especie de régimen meritocrático, pasado por las urnas, ahora que tanto se habla de eficacia de gestión.
No es nuevo hablar de meritocracia, hace ya 26 siglos que lo hacía el filósofo chino Confucio , pero ello exige hablar de educación, y junto a la misma, de escala de valores y de principios de conducta. La definición de justicia, a la que optamos en un sistema democrático como fundamento del ordenamiento jurídico, no se define por el derecho de dar a todos lo mismo, sino como el derecho de dar a cada uno lo suyo. Aunque esto sea menos popular, la crisis es tiempo de revisar también nuestra escala de valores y principios.
* Abogado
