La proliferación de noticias -y de polémicas- sobre temas de consumo va siendo una marca más de nuestro tiempo que, como responsable en Córdoba de la política de la Junta de Andalucía en la materia, tengo que saludar como muy positiva. Este interés está indicando, en primer lugar, el grado de madurez y desarrollo de nuestra sociedad que, cubiertas ya sus necesidades básicas, aspira ahora a más elevados niveles de calidad, en línea con los estándares de nuestro entorno.

En segundo lugar, constatamos un aumento de la participación de la ciudadanía en cuestiones que a todos nos afectan, con puntos de vista diversos, pero donde a la larga debe primar la confluencia de los objetivos de empresarios y clientes por encima de la contraposición de fines, que a ambos perjudica.

Como un ingrediente más de esta situación compleja, asistimos a un cambio en las pautas de consumo, impuesto por la era de la globalización, que puede situar al consumidor en una posición de debilidad, a causa de la progresiva pérdida de relación directa con el proveedor y a determinadas técnicas de márketing estratégico.

Desde un punto de vista normativo, la Unión Europea se ha dotado de herramientas para la protección de los consumidores, y Andalucía tiene desde el año 2003 una Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios. Las líneas medulares del trabajo en estos años se han sustentado en la formación, la mediación, el apoyo a entidades locales y una labor inspectora de carácter más informativo que punitivo.

En estos momentos, el ciudadano del siglo XXI aspira a ser un consumidor responsable y solidario, que integra entre sus valores el respeto al medio ambiente.

La Junta de Andalucía es consciente de que estas palabras tienen que plasmarse en la cotidianeidad de los hechos y sabe que en el interjuego de intereses, el sistema debe suplir con protección el aislamiento o indefensión que pueda sentir el consumidor.

Nuestra comunidad autónoma fue pionera en la protección de los derechos de los consumidores. Ya en 2002 puso en marcha el primer Plan Estratégico, que mejoró la prevención, abrió canales de información al consumidor y apostó por la mediación para la resolución de conflictos.

A partir de esa experiencia, y ante el nuevo escenario citado, el pasado año la Junta aprobó el segundo Plan Estratégico de Defensa y Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, con vigencia hasta 2011.

Cabe destacar tres rasgos de este Plan, que permiten augurar el cumplimiento de sus doce objetivos: Tiene carácter transversal, presupuesto propio y es fruto del consenso.

En sus cuatro años de vigencia, se invertirán casi 66 millones de euros, están presentes siete consejerías de la Junta, coordinadas por la de Gobernación, y se ha contado con la participación de los sectores sociales y económicos comprometidos con la Junta en las políticas de Consumo, cuyo esfuerzo profesional quiero reconocer y agradecer desde aquí.

Será precisamente esta actitud de confluencia y participación la que irá creando una red de relaciones con presencia de los ciudadanos, los ayuntamientos, las asociaciones de consumidores y usuarios así como las empresariales, que cristalice en un Pacto Andaluz de Consumo.

Los objetivos de este Pacto nos remiten al comienzo de estas reflexiones: cuando el mercado global impone sus determinaciones, la sociedad civil, debidamente articulada y representada, junto el Gobierno democráticamente elegido, tienen que establecer los contrapesos necesarios para fortalecer la posición de las personas y las familias, en este caso, de los consumidores.

* Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía