La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que reclaman colectivos de padres con el respaldo del PP --que en algunas comunidades donde gobierna, como Madrid y Valencia, la ha boicoteado con distintas argucias como la estrambótica decisión del Gobierno valenciano de impartirla en lengua inglesa-- y de la jerarquía de la Iglesia católica.
La decisión del Supremo se ha tomado por 22 votos frente a 7, tras más de 20 horas de deliberación durante tres jornadas. Un resultado suficientemente contundente y mejor que la unanimidad. Porque unanimidad hubiera significado un apaño que no hubiera contentado a nadie.
El fallo ha unificado doctrina, pues tribunales de rango inferior habían aceptado la objeción, unos, y la habían rechazado, otros, y sienta jurisprudencia ante las numerosas demandas pendientes de sentencia. Los decretos por los que se introdujo la asignatura "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", sentencia el Supremo. Es decir, que las acusaciones de adoctrinamiento político, religioso o moral que habían lanzado los objetores contra la asignatura misma no tienen base legal alguna. Pese a ello, los defensores de la objeción han anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional, y a instancias europeas si es necesario. Están en su derecho. Otra cosa es que las administraciones educativas en manos del PP mantengan el boicot, desobedeciendo así al Gobierno y despreciando la doctrina del Tribunal Supremo. Ello resultaría inadmisible y punible.
EL CASO CORDOBES
En el caso de Córdoba, hay 300 alumnos que cursan esa asignatura y cuyos padres los han declarado objetores, de los que 40 van a seguir sin asistir a dicha clase hasta que no los obligue una sentencia, según la Plataforma de padres Córdoba Educa en Libertad.
Tras dejar sentado que los decretos son legales y la asignatura es obligatoria como cualquier otra, la sala deja abierta la puerta a que los padres recurran a los tribunales contra las editoriales si se sienten atacados por la interpretación que hagan del programa de la asignatura los libros de texto de sus hijos. Después, claro está, de que la inspección y la autoridad educativa no hayan atendido sus reclamaciones. Si bien es cierto que hay libros de Ciudadanía muy discutibles, los jueces no deben convertirse en censores del mal gusto o árbitros de doctrinas encontradas, que será lo que se les planteará.
