No habrá ninguna inauguración de obras con ministros, presidentes autonómicos, alcaldes o concejales cuando se hayan gastado los 8.000 millones de euros que el Gobierno ha dispuesto que se inviertan en obras públicas de menor entidad. Es lo más lógico si se entiende que el plan gubernamental de inyectar tal cantidad de millones de euros para fomentar la actividad económica en toda España, o al menos para que no decaiga aún más, se ha efectuado a través de las transferencias de fondos públicos estatales a los municipios.

La iniciativa ha tenido una respuesta inmediata, superior a la esperada: si se atienden las propuestas presentadas, en plazo adecuado, ante el ministerio de Administraciones Públicas, los 8.000 millones ya están adjudicados. A la eficacia de los trámites, según los gestores, ha contribuido el uso de internet.

Tras el éxito inicial de la propuesta del Gobierno, no hay que perder de vista las razones por las que esta iniciativa merece apoyo. La primera, que los ayuntamientos sepan que esa inversión extraordinaria es para que se creen puestos de trabajo nuevos, alternativos a la sangría en la construcción. La segunda, que los proyectos de obra pública que se van a financiar han de responder a las necesidades de los ciudadanos, es decir, que no acaben sometidas a los caprichos de los ediles de turno en proyectos disparatados. Y la tercera, que la aportación es de una sola vez, aunque si surte efecto puede marcar la pauta para que se cuente más con los ayuntamientos en la distribución del gasto público.