Las votaciones realizadas en las juntas de jueces celebradas el miércoles en toda España indican que las asociaciones profesionales, encargadas en principio de representar a los magistrados en su diálogo con el Ministerio de Justicia, han sido desbordadas por los togados de a pie, los que más sufren el exceso de trabajo. Así, la amenaza de huelga, que las asociaciones fijaban para el 26 de junio, ha sido adelantada al 18 de febrero en muchas ciudades, entre ellas Córdoba y Madrid.
La determinación de los jueces pasa por alto la duda razonable de si los magistrados, en tanto que depositarios de un poder del Estado, pueden hacer huelga. La Constitución no lo prohíbe expresamente, pero muchos expertos han señalado que sería un sinsentido que los jueces llevaran su presión hasta el paro, e incluso establecen la comparación con una hipotética, y absurda, huelga del Rey o los ministros. Es cierto que otros consideran que los jueces son funcionarios y como tales no pueden perder un derecho fundamental como es el de huelga.
En cualquier caso, no parece que el clima creado por las votaciones de hace dos días sea el mejor para que el Gobierno y los jueces avancen en la necesaria reforma de la justicia. Son razonables algunas de las reivindicaciones de la judicatura, pero eso no da derecho a una situación tan difícil de encajar en una democracia como una huelga de togas caídas.
Por lo demás, en la crispación de los jueces late la reacción al intento de sancionar al juez Tirado por el caso Mari Luz .
