Conmemora la Oficina del Defensor de la Ciudadanía el décimo aniversario de su puesta en marcha desde que, en el marco de la autonomía local constitucionalmente consagrada, se aprobó su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento por el Pleno de la Diputación en junio de 1.998, siendo entonces una figura pionera en Andalucía, que hoy está ya presente en seis provincias de nuestra Comunidad. Y lo hace en el marco de unas jornadas que durante jueves y viernes, de la mano de personalidades y colectivos sociales, van a reflexionar sobre el balance de esta andadura.

La verdad es que diez años nos ofrecen una perspectiva suficientemente dilatada y nos permiten ofrecer una evaluación sobre el sendero andado. Y por encima del crecimiento en recursos, del respaldo institucional obtenido, de los 63 ayuntamientos de la provincia conveniados y los acuerdos de colaboración suscritos con entidades sociales, del incremento incesante en los expedientes que se atienden, el examen de reválida supone un triple ejercicio. Tiene que hacerlo la propia Corporación que crea y sustenta la figura; la evaluación puede hacerla también la propia Oficina que conoce las luces y las sombras de su quehacer cotidiano. Pero sobre todo, la evaluación más fiable tiene que hacerla la ciudadanía a la que sirve, ellos son los destinatarios de una figura del Defensor que se estableció para la defensa de los derechos y las libertades respecto de los vecinos de la provincia sobre las administraciones que en ella concurren, para informar y velar por el ejercicio de sus derechos, y para la promoción de los valores democráticos y los principios constitucionales, de una manera cercana y eficaz. Para ello, se ha invitado a numerosos colectivos de nuestra provincia, para compartir esta reflexión y para escuchar y debatir sus orientaciones y criterios.

Este camino de 10 años, además, no lo hemos recorrido solos. Ha sido fundamental el aliento y el respaldo de la Diputación de Córdoba, que ha dado forma, medios técnicos y recursos humanos, reglamentos y espacios para que el trabajo se desarrolle de una manera adecuada y con las garantías orgánicas y funcionales, de independencia y autonomía, que se precisan. En segundo lugar, el apoyo de los ayuntamientos, que han apostado claramente por este instrumento de madurez democrática y de transparencia en la gestión. En tercer lugar, hemos contado con el reconocimiento y la colaboración de las instituciones públicas, con las que tiene que mediar esta Oficina en su trabajo diario. Y en cuarto lugar, hemos sentido el respaldo de los ciudadanos que nos presentan sus dudas e inquietudes y que, en muchas ocasiones, acuden a la Oficina del Defensor como a la UVI de la Administración, cuando ya no ven otra salida, conocedores de un trabajo imparcial y profesionalizado.

Nos queda mucho camino por andar en un doble sentido. Desde el punto de vista interno, queremos optimizar nuestros protocolos de actuación, mejorar nuestra carta de servicios, la presentación y actualidad de nuestros informes, adecuar nuestro personal y marco de actuación reglamentarias, todo ello para dar adecuada respuesta a toda la ciudadanía de la provincia. Desde el punto de vista de la atención, con unas cifras de paro por encima del 18% de la población activa, con más de 8.000 hogares de la provincia en la pobreza y con grandes desigualdades sociales que han multiplicado la demanda de recursos asistenciales, la figura del Defensor no puede bajar la guardia y tiene que acometer su tarea para que los recursos públicos lleguen a todos los rincones y superen todas las lagunas que tantas veces se dan para su aplicación.

La realidad es cada vez más exigente. Antes que una excesiva judicialización, la mediación se impone hoy en todas las facetas de la vida como la educativa, familiar, intercultural, laboral, etc. Y el papel de las defensorías ciudadanas, órganos independientes llamados también magistraturas de persuasión, se abre paso en toda Europa desde el llamamiento de la Carta Europea de Derechos Humanos de Saint Denis del año 2000; y está llamado a ser una figura cercana y útil, un mecanismo de garantías ciudadanas y de mediación cada vez necesario ante las administraciones públicas. Un reto ilusionante, sin duda, en el que comprometemos nuestros esfuerzos, y al que te convoco.

* Defensor de la Ciudadanía