Nadie duda del derecho que siempre asiste a los padres en cuanto concierne a la formación moral y religiosa de sus hijos, si bien igualmente entiendo que también el Estado tiene la misma obligación de garantizar una educación que desarrolle la personalidad para dichos niños, a los que desde luego debe enseñar a respetar los principios democráticos más elementales. Por ello, no entiendo el ataque que, desde hace meses, sufre en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EPC), siendo en algunas de ellas donde más se promueve la objeción de conciencia, siguiendo generalmente lo propugnado por los obispos, cuando no se intenta paralizar su aplicación con medidas tan peculiares como las de Valencia.
En el PP se entiende que el Estado es subsidiario de los padres, tal vez por ello se pliegan de forma constante al dictamen de la Conferencia Episcopal y respaldan la objeción de conciencia, torpedeando la implantación de la asignatura mientras enfatizan los límites del Estado y los derechos de las familias. Hace unos días el profesor Casas Sánchez se refería a aquellas como el verdadero ataque a la dignidad del profesorado. Afortunadamente para los valencianos, la Asociación de Inspectores de Educación de aquel país y ante el obligado cumplimiento de la orden de su Gobierno, han acordado no asumir las funciones de comisarios políticos al servicio de ninguna ideología. El pronunciamiento revela el profundo malestar que existe en dicho cuerpo educativo con las instrucciones dadas por el servicio central para que se empleen a fondo en la caza de quienes se hayan declarado rebeldes y pretendan dar las clases en valenciano o castellano. Está claro que la orden del Gobierno de Francisco Camps no tiene otro objetivo que el de boicotear la susodicha materia, puesto que ni los profesores ni tampoco los alumnos poseen un nivel de comprensión del inglés escrito y hablado como para poder desarrollar en dicho idioma unos contenidos tan abstractos.
La orden del Gobierno valenciano pretende obligar a todos los centros educativos a impartir la materia en la lengua de Wiliam Shakespeare o, en su defecto, utilizar dos profesores simultáneamente, uno de ellos para traducirla del castellano o valenciano y enseñarla en inglés. Algo, sin duda, un tanto kafkiano, sobre todo por ser un proceso un tanto largo y engorroso. Y si esta medida de Valencia es grave, más me lo parece a mi cuanto se avecina ahora en Toledo, donde el arzobispo Cañizares asegura que la EPC se impartirá en los centros religiosos, si bien no como establece la normativa vigente, sino de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia. Así al menos lo plantea este purpurado de magna capa, quien en una carta dirigida a las comunidades educativas de los centros religiosos manifiesta que se cumplirá con la ley, pero la asignatura se enseñará de otra manera a la que plantea la LOE, ya que "en nuestros centros no podemos ni debemos impartir a nuestros alumnos esta materia, tal y como está planteada en los Reales Decretos".
Al igual que el obispo Martínez Camino ya no habla de estar en contra de la materia, sino de sus contenidos. Afirma el prelado que en Toledo se hará de otra manera para no violar que en sus centros los padres puedan recibir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, en conformidad con la Doctrina Social de la Iglesia, según el arzobispo, quien considera que así se cumplirá con la LOE "fielmente con sus niveles más altos". Por lo que se ve, este Príncipe de la Iglesia ha olvidado que la soberanía popular está muy por encima de sus propias decisiones como cardenal y que la única moral válida en un Estado de Derecho es la que se rige por la Constitución y no por el catecismo por muy católico que este sea. En el seno de esta confesión parece evidente que no todo el mundo rechaza esta materia. Es más, no pocos son los cristianos que la juzgan ya como muy conveniente, por entender que el objeto de la misma no es otro que el aprendizaje de las virtudes públicas y la promoción de una ciudadanía activa.
Es el sector más integrista del episcopado español el que viene propugnando, no ya la objeción, sino claramente la desobediencia civil, atribuyéndose una potestad de veto sobre decisiones legítimas del poder civil que en democracia en modo alguno le corresponde. Deslegitimaron primero la asignatura, negando la preeminencia del Estado en todo lo relativo con la educación moral y cívica, para afirmar después que las virtudes cívicas carecen de fundamento alguno si no se asientan en la moral católica. No sé hasta dónde quiere llegar ahora toda esta gente de la derecha española y eclesial, ya que como bien apuntara mi buen amigo Mario Salvatierra casi siempre su política pivota entre la teología integrista de Ratzinger y Rouco Varela . Para ellos, la moral católica es el único fundamento de la familia y de la sociedad, necesitando por tanto el Estado de las muletas de la religión para garantizar en todo momento la fuente de los derechos. No sé si algún día se podrá resolver esta cuestión.
* Catedrático
