Supongo que a esos cientos de miles de inmigrantes, quienes llegaron al Viejo Continente en una época de bonanza económica, jamás se les hubiera pasado ni tan siquiera por la imaginación pensar en ella ,y menos aún que por dicha Directiva comunitaria se les pudiera tratar al cabo de los años como verdaderos delincuentes. Porque eso será lo que ocurra si un milagro político no lo remedia. Ultimamente, no acabo de comprender cuanto acaece en el espacio europeo, primero con la pretendida jornada laboral de las 65 horas y el despido libre sin indennización que bien pudieran retrotraernos hasta la época preindustrial, o bien ahora con esa llamada por algunos como "Directiva de la vergüenza", la misma que mantiene planteamientos xenófobos y crea un claro precedente negativo de cara al colectivo de inmigrantes. Y todo ello, además, con la aquiescencia de los 369 europarlamentarios que la aprobaron, entre los que se hallaban la mayoría de los políticos socialistas españoles, con alguna salvedad que pudo mantenerse en sus planteamientos iniciales, votando en contra de la propuesta o absteniéndose de ella. Con la aprobación del pasado día 18, se acaba de iniciar en la vieja Europa una política legislativa que claramente va en contra de los Derechos Humanos, algo que no acabo de entender, sobre todo cuando a los gobiernos se les llena la boca todos los días proclamando su defensa. No creo que la citada Directiva aprobada pueda ser considerada por nadie como un paso adelante en pro de los mismos. Desde SOS racismo, se nos plantea en qué medida avanzan los derechos, cuando al mismo tiempo se les retiene a personas inocentes durante un año y medio de sus vidas, o cuando bien se deporta o se interna a algunos menores de edad. Con la aprobación de la nueva norma, no solamente se legitima la privación de unos derechos mínimos de los inmigrantes, sino que todos nosotros con ella también habremos perdido de alguna manera parte de los nuestros, al desprendernos de las garantías más democráticas y de justicia social. Por ello, desde conocidos colectivos sociales se nos invita a la movilización en contra del racismo institucional que se avecina. Cierto que existen medidas de colaboración con algunos países de procedencia, con los que se firmarán acuerdos de diverso tipo, de ahí ese nombre acuñado por muchos de "Directiva de la vergüenza", cuyo articulado viola claramente el de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. El mismo, también se incribe en el contexto que Le Pen propiaciara para Francia y que ahora, por citar tan sólo algún ejemplo conocido, tanto gusta en Polonia o bien en la Italia de Silvio Berlusconi y de Umberto Bossi . Desde entonces, se fueron modificando algunas legislaciones, con el fin de que se pudieran regular los flujos migratorios; no obstante, muchas de ellas rehusaron modificar su propio sistema en pro de una regla común. Ello,sin duda, es lo que explicaría la existencia de la actual Directiva de Retorno, que para los diferentes países fija unas reglas comunes de aplicación, sin que se ponga por ello en tela de juicio algunas de sus propias disposiciones locales.

Considero que quienes se pudieran considerar progresistas, moralmente estarían obligados a rechazar la citada Directiva de Retorno, entre otras razones, por ser una vergüenza para la humanidad, ya que con ella, por encima de la ética y de la dignidad de la persona, los derechos humanos o la propia solidaridad, habrán de prevalecer el concepto de seguridad de nuestras fronteras o la criminalización de unos seres humanos cuya única desgracia fue la de haber nacido en unos países empobrecidos. Para mí, la medida no supone avance en la política de inmigración. Las migraciones, como bien se afirmara desde la HOAC, no son ningún delito, sino que más bien constituyen una oportunidad para el enriquecimiento cultural. Serían una consecuencia más de la globalización y, desde luego, muy necesarias en la mayoría de sus casos. Probablemente, sea legítima la posición adoptada ahora por el Parlamento de Europa, pero me resulta lamentable e inmoral lo que hicieran sus parlamentarios, incluidos los socialistas españoles, quienes votaron favorablemente tan polémica norma. ¿Cómo se puede aprobar algo así por unos grupos que en sus programas afirman defender la igualdad y la justicia social? Por ello, desde esta tribuna manifiesto mi rechazo al texto y mi solidaridad con los inmigrantes y refugiados, instando a cuantos colectivos sociales así lo quieran a que se manifiesten en contra de esta normativa reciente, la misma que criminaliza y conculca los derechos fundamentales, mientras agita en Europa la bandera de la xenofóbia y del racismo. Creo que con la medida emprendida se han querido armonizar todas las legislaciones, el problema es que se ha hecho siempre muy a la baja, es decir, no ratificando las mejores de sus prácticas, sino tan sólo sancionado las normas mínimas de sus propios Estados. Es necesario reaccionar y que se defiendan los derechos de todos, actuando contra una cultura política-administrativa que supedita su garantía a unos supuestos objetivos de seguridad y bienestar de la población autóctona. No quisiera concluir sin recordar que estar en una situación irregular jamás debiera conllevar ser considerado como delito.

* Catedrático