Hace menos de una semana, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias hacía público el nacimiento del Consejo Social Penitenciario, que con carácter consultivo está constituido por representantes de la Administración y de algunas entidades sociales dando por sentado que de esta manera las oenegés van a poder entrar en la cárcel. Desde luego que este hecho es un más que merecido reconocimiento a la demanda histórica de participación que muchos colectivos sociales vienen reivindicando desde hace muchos años de cara a poder acercar con su presencia el aire freso de la vida en libertad a las personas presas.

Sin embargo, se obvia que en pleno siglo veintiuno se sigue prohibiendo la entrada en prisión a entidades defensoras de los derechos humanos en el interior de algunas prisiones. Y no estoy hablando de las cárceles de algunos países del denominado Tercer Mundo, sino de algunas tan cercanas como la de Córdoba y la de Cádiz, en las que se viene negando de manera continuada la entrada a una asociación de calado y raigambre en nuestra tierra como es la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En Cataluña, algo similar le ocurre al Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Pero estas cosas no se nos cuentan porque no son políticamente correctas. Parece que este tipo de reacciones son más propias de un Estado totalitario que de un Estado como el nuestro... La falta de transparencia de la Institución Penitenciaria se hace patente con actitudes como ésta. Y es que las oenegés podemos y debemos aportar mucho a las personas que están en el interior de los muros de las prisiones.

Es cierto que ningún gobierno se había atrevido hasta ahora a crear un órgano con este grado de participación. Pero el enfoque no es correcto. Si se apuesta por hacer un poco más permeables los interiores de los centros penitenciarios a la sociedad civil, debemos exigir la presencia de la misma en todos sus niveles tal y como ocurre en la vida corriente. La diversidad de acciones, pensamientos y enfoques es intrínseca al sistema democrático, asignatura pendiente que sigue sin aceptarse en algunos espacios menos visibles de nuestra sociedad.

Por obvio que parezca tenemos que seguir insistiendo en que la mayoría de las personas que viven privadas de libertad no pueden participar de la vida diaria de la sociedad y son víctimas en su inmensa mayoría de la pobreza y de la exclusión social. Y, por tanto, con una enorme imposibilidad de reivindicación de sus derechos.

¿Si tan transparentes son las prisiones, por qué no se permite que se desarrolle una labor de asesoramiento, defensa y respeto a los derechos fundamentales de las personas presas? La sociedad no se puede olvidar de esta realidad y para ello es necesario seguir teniendo una mirada solidaria, comprometida y defensora de los derechos fundamentales de todas las personas, sea cual sea la situación en la que se encuentren. Al final repercutirá en una mejora social compartida.

* Coordinadora general andaluza de la Apdha y delegada en Córdoba