Los diferentes partidos políticos se apresuran para poner en marcha su engranaje electoral de cara al 2008. Son constantes las filtraciones, las propuestas para las cabeceras de lista en provincias y, también, cómo no, las propuestas para llevar hasta los programas electorales. Entre las llegadas hasta el PSOE, sí quisiera detenerme en las de Izquierda Socialista, una corriente que con seriedad y eficacia probada aporta numerosas novedades. En esta ocasión, lo hace con la Nueva Ley de Partidos, con el fin de que los socialistas, de una vez por todas, se comprometan en la mejora de la calidad de relación existente entre la ciudadanía y el sistema político español. De la misma manera, han venido aportando diversas cuestiones a la Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y acerca de la supresión futura de las diputaciones provinciales, también sobre la reforma del Senado o bien acerca del modelo para el país de una policía federal. Todo ello sin que olviden en ningún momento desde el ala izquierda del Partido Socialista algunas aportaciones más, para el núcleo de bienestar social, economía, desarrollo sostenible, educación y cultura y un largo etcétera, entre el que no podían faltar las aportaciones a la política exterior. Apartado éste al que sí querría referirme con algo más de precisión en este artículo de opinión.

Desde Izquierda Socialista se pretende que el PSOE impulse su marcado europeísmo, con el fin de que su política les permita avanzar con firmeza en la construcción de la Europa social, para lo cual la agenda económica y social debería ser siempre su primer objetivo. De la misma manera, en sus aportaciones a la política exterior pretenden, desde la corriente, que se potencien las diferentes iniciativas tendentes a desarrollar la idea de diálogo y cooperación internacional, sin duda algo fundamental para el futuro de la Humanidad, mediante toda una serie de medidas que bien se podrían llevar a cabo. Como, por ejemplo, que nuestro país se ofrezca como sede permanente de la Alianza de Civilizaciones, dada nuestra historia multicultural y nuestro modelo constante por servir de puente, entre el Viejo Continente, América, Africa, el mundo musulmán y la cultura judeocristiana.

La sede de este nuevo organismo supranacional, dependiente de Naciones Unidas, se mantendría con las aportaciones de España, así como con las de otros Estados de la comunidad internacional. Se considera de sumo interés, a su vez, que en la oficinas diplomáticas y embajadas españolas exista nombrado un diplomático adscrito al desarrollo de diversos programas y proyectos de la citada Alianza de Civilizaciones, cuya labor debiera siempre quedar vinculada a la cuestión migratoria, razón por la cual habría de contar con una coordinación específica con la correspondiente Secretaría de Estado. Pero si importante es esta cuestión, no lo es menos el hecho de que en el PSOE se debería apoyar sin fisuras el referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental, así como, llegado el caso, el replanteo de la presencia española en Afganistán, en función de cómo acaben desarrollándose los acontecimientos políticos y la estabilidad en aquel país asiático.

En cuanto a la revisión de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado de 1979, que por cierto el Ejecutivo intenta ahora mantener más que fluidamente, tal vez para compensar los roces con los obispos españoles, desde Izquierda Socialista, sin embargo, se piensa que habría de hacerse una nueva ley de libertad religiosa y de laicismo. A tenor de ella, habría de establecerse un acuerdo con las distintas confesiones, para la convivencia interreligiosa en la sociedad española, multicultural, secularizada y plenamente democrática por otra parte. Es importante, pues, que los socialistas no olviden que los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede debieran ser revisados a la luz de esa nueva ley propuesta y con el fin último de que se acomoden al marco de los acuerdos para la convivencia interreligiosa. Sería bueno, también, que se elaborara un estatuto de laicidad que, conforme a la ley que se propone, regule las líneas generales de actuación de las instituciones públicas y de sus cargos, tanto electos como designados, en sus relaciones con las confesiones religiosas. Lógicamente, las exacciones fiscales que hoy figuran deben desaparecer o, cuanto menos, equipararse a las vigentes para el resto de las confesiones religiosas, así como a las demás entidades benéficas o de utilidad pública. Por ello, es necesario que desaparezcan las exenciones fiscales contempladas en el artículo 4 del actual acuerdo, entre las cuales se encuentran la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana, el actual IBI (art.4.a), y otras más, referidas a este mismo artículo cuarto, si bien en lo que se refiere a sus apartados, b, c y d. Muy realistas las aportaciones que, desde IS-PSOE se le hacen a su partido, para que las incorpore como una mejora a su programa electoral, que habrá de aprobarse en la conferencia política, a celebrar en Madrid los días 26 y 27 del próximo mes de enero.

* Catedrático