La "Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña", que se ha empezado a debatir en el Congreso de los Diputados, plantea cinco cuestiones básicas, entrelazadas con una lógica política aplastante. Estas cinco cuestiones son: la definición de Cataluña como nación, las competencias de la Generalitat, la financiación, el poder judicial catalán y las relaciones bilaterales "resto de España-Cataluña". Las tres primeras se implican de tal forma que la consecución de alguna de ellas lleva aparejada la de las otras dos, mientras que las últimas son consecuencia lógica de las anteriores.

La definición de Cataluña como nación en el Estatuto no es una cuestión semántica, sino política, porque al reconocerse en una ley que Cataluña es una nación se está reconociendo que hay, en el conjunto de España como cuerpo político, un conjunto de personas, los catalanes, que son diferentes de los demás, y, por lo mismo, posibles sujetos de derechos y obligaciones diferentes, al tiempo que se reconoce la existencia de un sujeto político nuevo, Cataluña. Es decir, lo grave no es reconocer que Cataluña es un conjunto de personas con una cultura o una lengua diferente (lo que es un hecho), sino que, porque existe esta diferencia, puedan constituir un cuerpo político diferenciado del resto de España más allá de esa diferencia. Pero el proyecto de Estatuto va más allá, pues, coherentes con esta premisa de que Cataluña es una nación, sus redactores han llenado de contenido esta definición y, sin nombrarlo, se han dado, a través de las competencias que pretenden asumir, un Estado. Y es que de las 32 competencias exclusivas que recoge el artículo 149 de la Constitución de 1978, que mañana celebramos, sólo ¡6! quedarían para el Estado. Y de estas seis (los números 1, 4, 10, 12, 13, 26 y 31) sólo la cuarta, Defensa, es sustantivamente importante. O sea, de aceptarse el régimen competencial del Estatuto, y generalizarse para el resto de las comunidades autónomas, el Gobierno de España estaría compuesto por poco más que un ministro de Defensa, la directora del INE, y un conjunto de coordinadores, sin poder efectivo alguno. De ahí que, en este contexto competencial, núcleo de la propuesta, el control de la financiación por parte de la Generalitat sea necesario, porque no se pueden gestionar las competencias sin recursos. Y, de igual forma, la creación de un poder judicial independiente es coherente con lo anterior porque el cuerpo jurídico que resulte con el tiempo, con la continuidad de las leyes hasta ahora vigentes para no generar inseguridad jurídica, será, en un plazo no muy lejano, diferente del que se aplique en el resto de España. Siendo, igualmente lógico y muy pragmático, por razones de derecho internacional y por el tenor literal de los Tratados constitutivos de la Unión Europea, que no se declare, al menos de momento, Cataluña, como estado independiente.

Planteada la situación con esta lógica y siendo conscientes de que es imposible negar a los parlamentarios catalanes los cinco temas que reclaman, las negociaciones que se han iniciado se desarrollarán con un guión relativamente claro. Lo más probable es que cedan un poco en lo simbólico de la definición de nación, que no haya, por ahora, un poder judicial separado, y que haya una cierta subordinación en las relaciones entre lo que quede que sea España y la Generalitat, pero no rebajarán sus pretensiones de competencias, que es la clave, y tendrán, tarde o temprano, la financiación que necesitan para ellas. Y todo será perfectamente constitucional sin más que aplicar con profusión el artículo 150.2 de la Constitución.

Alcanzado el acuerdo, Zapatero, que nos metió estúpida e ingenuamente en este lío, nos venderá que siendo Cataluña cuasi-independiente, España gana. Lo siento, pero mucho me temo que los que ganan son Maragall y Carod-Rovira, porque todos los demás perderemos. Así pues, felicitémosles por su hermosa lección de política, que para exigir responsabilidades ya habrá muchas oportunidades en las muchas próximas elecciones. Aunque, por desgracia, eso ya no resolverá nada.