Isabel Pantoja lleva a juicio a los responsables de 'Sálvame' y pide hasta 11 años de cárcel

Isabel Pantoja ha formalizado una acusación ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid contra varios implicados en la famosa Operación Deluxe, a quienes acusa de haber vulnerado gravemente su derecho a la intimidad mediante una presunta trama de obtención y difusión ilegal de datos confidenciales. En el escrito, registrado el pasado 14 de enero, se señala directamente al colaborador Gustavo González, al director del programa David Valldeperas, al agente de la Policía Nacional Ángel Jesús Fernández Hita, a la productora La Fábrica de la Tele y a Mediaset como responsable civil subsidiaria.

La denuncia se centra en el acceso ilícito a bases de datos policiales restringidas por parte del agente Fernández Hita, quien habría compartido información reservada de Pantoja (y de otras 182 personas con relevancia pública) con Gustavo González. Según el documento judicial, estos datos se pidieron por parte del programa de Telecinco entre 2009 y 2018, aunque muchos de ellos no se difundieron por televisión. Uno de los episodios más graves se produjo el 21 de julio de 2017, cuando se accedió a una denuncia de su hija y a su ficha policial, información que después habría sido utilizada en televisión con fines comerciales.

La acusación considera que todo se hizo con el conocimiento de los responsables de La Fábrica de la Tele, y califica los hechos como seis delitos: cohecho (activo, pasivo y por persona jurídica), revelación de secretos por funcionario y por particular, y revelación de secretos por persona jurídica. Se solicitan penas de entre 3 y 11 años de prisión, además de elevadas multas económicas y periodos de inhabilitación. Destacan los 11 años de cárcel que se piden para el agente Fernández Hita y los 9 años que se reclaman tanto para González como para Valldeperas.

La defensa de Isabel Pantoja, encabezada por la abogada Concepción Ruiz Sánchez, asegura que esta filtración “destrozó su vida personal y profesional”, generando un daño irreversible. Además de la apertura de juicio oral, se solicita una fianza de 500.000 euros como medida cautelar y una pieza separada de responsabilidad civil. También se pide el acceso a las declaraciones fiscales de los acusados y de las empresas durante los años 2020, 2021 y 2022, para evaluar las sanciones económicas correspondientes.