El mercado de trabajo en la provincia de Córdoba no es, por el momento, nada halagüeño para los cordobeses y cordobesas, ya que, aunque es innegable que se ve un cierto repunte en las contrataciones, no es menos cierto que el horizonte que queda tras el paso de una profundísima crisis que comenzó en 2008 es devastador de cara a crearse un futuro, cambiando la cara del mercado laboral y, por ende, de esta sociedad para mucho tiempo, aunque con la esperanza de que sean reversibles sus consecuencias al menos a medio plazo.
La tasa de paro se sitúa en Córdoba en un más que lamentable 27,53%, una de las más altas de España, y aunque es cierto que está en descenso, ya que en el mismo periodo de 2016 se situaba en un 28,82%, en ningún momento esto supone motivo de satisfacción alguno. Primero, porque el dato sigue traduciéndose en situaciones lamentables para muchas familias cordobesas que lo sufren, y segundo, porque se ha producido desde 2008 un empobrecimiento notorio de la clase media trabajadora que aumenta día a día.
Las consecuencias de tal situación se pueden dilucidar en muchos factores, pero uno muy significativo es el descenso de población que se ha venido observando en la provincia. En concreto, desde 2012 a la actualidad se ha pasado de 804.498 habitantes a 791.610, lo que supone un descenso de un 1,60%.
La falta de oportunidades de empleo ha hecho que un número cada vez más elevado de jóvenes, y no tan jóvenes, se hayan marchado de nuestra provincia motivados por la falta no sólo de oportunidades, sino de futuro para las familias a la hora de emanciparse, de crear una familia o sustentarla. En muchos casos, esa emigración ha sido a otras provincias y, en menor cuantía, al extranjero. En otras ocasiones, aunque no ha existido emigración sí ha habido movilidad geográfica, desestructurando y empobreciendo a las familias aún más si cabe.
Por otro lado, la economía de la provincia es principalmente de servicios y, por ello, el 60 % de la población activa trabajaba o buscaba empleo en este sector en el último trimestre de 2016. La ocupación lo pone más claro de manifiesto, pues casi el 75 % de los ocupados en la provincia trabajaba en este sector, siendo el crecimiento de éste continuado y situándose el número de ocupados en este momento en 197.900 aproximadamente, de los 175.800 que había en 2012, lo que supone el 70.93% del PIB de la provincia. En lo referente a la contratación por sectores, la agricultura se sitúa en un lugar predominante en cuanto a cotizantes a la Seguridad Social. En concreto, el 28,8% del total de trabajadores afiliados, seguido de un 15,13 del comercio.
En este sentido, la falta de una industria consolidada y potente en la provincia provoca que éstos sean los sectores refugio para la mayoría de demandantes de empleo, porque aunque tienen condiciones precarias, no es menos cierto que es donde se produce una mayor y más rápida contratación. Eso sí, con la contrapartida de tener los índices de rotación más altos, en concreto, de un 2,99% en la agricultura y de un 3,60% en la hostelería, sumando entre los dos sectores casi el 60% de la contratación en Córdoba en 2016.
Este mercado de trabajo, basado en sectores estacionales, genera como consecuencia una precariedad en la contratación y una temporalidad en Córdoba en torno a un 97%, siendo el 23,44% de estos contratos a tiempo parcial. Con este panorama han creado la figura del trabajador pobre, ése que aunque trabaja tiene dificultades para llegar a fin de mes o para cubrir necesidades básicas.
Desde UGT consideramos fundamental desarrollar un plan de choque para el empleo dirigido especialmente a jóvenes y parados de larga duración, un proyecto de apoyo a la industria, planes de apoyo en I+D+i e inversión pública, así como una dotación presupuestaria suficiente para que el mayor número de estudiantes tengan acceso a becas con criterios realistas de selección.
La última reforma laboral, lejos de solucionar los problemas del mercado de trabajo (especialmente el de la temporalidad y la falta de estabilidad), los ha empeorado. Para UGT, la combinación de recesión, altos precios y salarios que, no sólo han bajado de forma notable desde 2008 sino que además no se revalorizan cuando la carestía de la vida va en alza, es letal para la ciudadanía y para nuestra economía, ya que no se reactiva el consumo, debido a la inseguridad generada en el empleo, a la que hay que sumar el empobrecimiento paulatino de las familias.
Si no cambiamos el rumbo, seguiremos en una espiral que creará más pobreza y una sociedad más injusta, que a día de hoy no trata por igual a hombres y a mujeres, que no protege su futuro al abandonar a los jóvenes, que seguirá aumentando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, etc.
A juicio de nuestro sindicato, lo prioritario debe ser recuperar la actividad económica, mediante la reactivación de la demanda interna -vía consumo e inversión- porque sólo así se logrará impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Tampoco podemos seguir en la dinámica en la cual para conseguir beneficios éstos se obtengan a costa de los trabajadores, mermando sus derechos y salarios, a veces con herramientas tremendamente injustas como son la inaplicación de los convenios. Si ya es difícil luchar contra la economía sumergida, que tiene efectos nefastos sobre el mercado de trabajo y las empresas, más difícil es cuando esta competencia desleal se legaliza a través de esta controvertida medida.
La mayoría de inaplicaciones en Andalucía, en concreto un 49% del total, se realizan en empresas de menos de 6 trabajadores y trabajadoras, lo que supone el 80,56% de los centros de cotización en Córdoba, siendo esta provincia en la que más empleados y empleadas se ven afectados por las inaplicaciones de convenios colectivos con respecto al resto de provincias andaluzas, e incluso españolas. Esta situación podría abocar a otras empresas a entrar en esta espiral, debido a que no compiten en igualdad, con lo que se genera un cuadro auténticamente indeseable en el que los agentes sociales y económicos tenemos la obligación de poner fin. Esto ha llevado a UGT Córdoba a pedir a la Delegación Territorial de Empleo la creación de un órgano informativo, sin que ello suponga una interferencia en la labor que como autoridad laboral tienen en la toma de decisiones al respecto.
(*) Secretario general de UGT Córdoba
