El Colegio de Abogados de Córdoba en su 250 aniversario

La Abogacía, entendida como protección y defensa que una persona ejerce sobre otra que necesita el amparo de la justicia, tiene raíces lejanas en la historia de la humanidad. Por eso el rey Felipe VI tiene manifestado su reconocimiento a la profesión de abogado, de la que dice que constituye «uno de los pilares básicos del Estado de Derecho en el que se asienta el sistema democrático establecido por la Constitución», expresando al mismo tiempo que «la voluntad de concordia y el criterio que rige la búsqueda de las soluciones más adecuadas y eficaces merecen ser destacados como valores permanentes en la función de todo buen abogado, una profesión profundamente enraizada en la tradición jurídica que siempre ha caracterizado a esta tierra».

Concretamente la abogacía tuvo históricamente relevante protagonismo social en Córdoba ya desde la Antigüedad, dado que nuestra ciudad fue capital de la Hispania Ulterior romana, y por tanto en ella residían los máximos órganos de la administración de justicia, por lo que consecuentemente la nómina de abogados en la ciudad era nutrida; al igual que en la Córdoba andalusí, en la que durante el Califato residía el cadí mayor de todo su territorio peninsular y en la cual los cadíes musulmanes eran asistidos por juristas que les presentaban escritos con sus informes jurídicos; del mismo modo que tras la conquista cristiana se instituye en el Fuero de Córdoba la obligación de valerse en determinados supuestos de ‘personeros’ y posteriormente de ‘Voceros’, hasta que Alfonso X elevó a profesión pública la abogacía regulándola en las Partidas, para ser ulteriormente regulada por las Ordenanzas de 1495, que los Reyes Católicos promulgaron para los juristas cordobeses y que constituyó una herramienta esencial para asegurar la calidad, formación y práctica del ejercicio de los jurisperitos.

Sin embargo, será en el siglo XVIII cuando se inicie la generalización de creación de nuevos colegios de abogados, que tiene su origen en los cambios jurídicos habidos a raíz de la llegada de la nueva dinastía borbónica, estableciéndose con precisión y definición las bases profesionales de la colegiación del abogado en una etapa como la del siglo de las Luces, que fue el siglo de las reivindicaciones sociales de la Abogacía.

Por consiguiente, y fruto de esta corriente ilustrada, se dispone la formación y constitución del Colegio de Córdoba por Real despacho expedido por el Real y Supremo Consejo de Castilla el día once de mayo de 1769, en cumplimiento del cual se reúnen los primeros miembros de esta corporación bajo la presidencia del alcalde mayor de la ciudad y corregidor interino, el abogado Gaspar de Aranda y Villegas, aprobándose sus primeros estatutos, que fueron ratificados oficialmente por este Consejo el veintiuno de noviembre del mismo año 1769, fecha institucional que se ha celebrado esta semana, culminando así la iniciativa de 24 abogados cordobeses promotores de esta nueva asociación profesional, que habían acudido al escribano Nicolás Conde el 13 de abril del mismo año 1769 para otorgar la escritura pública por la que iniciaban los trámites para la creación del Colegio de Abogados, en la que exponían de forma clara y precisa tanto los generales motivos para su creación en virtud de los generales postulados ilustrados impulsados por la Corona para todo el país, como las concretas y técnicas razones que aconsejaban a los abogados ejercientes en Córdoba tomar la iniciativa de crear un colegio profesional propio.

Los motivos

Al respecto, los más concretos motivos que alegaban los letrados para constituir el nuevo Colegio, eran evitar el intrusismo, ofrecer garantías en cuanto a la preparación y conocimientos legales de los abogados que intervenían profesionalmente y poner orden en el caos que en la tramitación de los asuntos. En esta escritura se encomienda a los abogados cordobeses Manuel Serrano de Rivas y su colega Juan Ruiz-Lorenzo Aguilar la redacción de los primeros estatutos, que en la indicada fecha de veintiuno de noviembre de aquel año serían oficialmente aprobados, dando paso a la ininterrumpida y prestigiosa trayectoria del Ilustre Colegio cordobés, en cuya nómina de colegiados se han integrado a lo largo de sus doscientos cincuenta años los miles de abogados de la ciudad de la Mezquita, conformándose históricas sagas de juristas junto con destacados personajes tanto de Córdoba como del país en general que han ejercido en determinados momentos la abogacía en Córdoba. Así, alcaldes de la ciudad, presidentes de Diputación, concejales, diputados, senadores, ministros, presidentes del Gobierno e incluso un jefe del Estado han sido colegiados de esta corporación letrada, que en estos momentos celebra tan gozosa efemérides.

Una magnífica exposición del patrimonio documental de tan ilustre Colegio, coordinada por su secretario técnico, Ángel Moreno Chacón, está abierta en estos días en su sede colegial, como exponente de su prestigiosa y amplia trayectoria.

El autor del artículo es abogado y cronista oficial de Córdoba