La Universidad de Córdoba acaba de crear la Comisión Antifraude dando así cumplimiento a «los compromisos que se adquieren por aquellos organismos que gestionan fondos procedentes de la Unión Europea. Siguiendo las recomendaciones y las instrucciones dictadas por los organismos competentes hemos considerado que sea una comisión integrada por Nuria Magaldi Mendaña, vicerrectora de Desarrollo Normativo, y los vocales Ángela Calero Pérez (Servicio de Gestión Económica y Financiera), Concepción Ariza Canales (Servicio de Control Interno), Pedro Sánchez Suárez (Servicio de Contratación y Patrimonio), Silvia Durán Mesa (Servicio de Gestión de la Investigación) y Javier Miranda Cebrián (Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación en la secretaría), que sea la que proponga el alcance y procedimiento de las medidas a adoptar», explican Magaldi y la gerente de la UCO, Luisa Margarita Rancaño.

Será una comisión permanente que elaborará informes de carácter anual y en su constitución deberá determinar su funcionamiento interno. El nuevo órgano tiene entre sus funciones determinar el alcance de las medidas que debe adoptar la Universidad ante las exigencias de la Unión Europea, así como fijar responsables, indicadores, objetivos y seguimiento de las mismas.

Los dictámenes que adopte la comisión no son vinculantes. «No tiene como misión realizar informes vinculantes sino evaluar los riesgos y determinar medidas efectivas principalmente con carácter preventivo para la detección del fraude y así evitarlo», apuntan las responsables universitarias.

CONTROL/ La Comisión Antifraude no es la única medida que adopta la Universidad para evitar el fraude en la gestión. «La principal media ha sido la creación de un Servicio de Control Interno y la aprobación de su Reglamento, además de continuar con los controles que se realizan desde los propios responsables de la gestión, funcionarios con extraordinaria experiencia y destacables valores éticos», indican Magaldi y Rancaño.

La Comisión Éuropea recomienda que las autoridades de gestión adopten un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude.

El objetivo para los fondos es adoptar medidas proactivas y proporcionadas contra el fraude que ofrezcan una relación satisfactoria entre coste y eficacia.

Así, todas las autoridades de los programas deben comprometerse con la tolerancia cero al fraude, comenzando con la adopción de una actitud adecuada desde los puestos de mayor responsabilidad. «Una evaluación del riesgo de fraude correctamente orientada, junto con un compromiso firme de lucha contra el fraude comunicado con toda claridad, puede constituir un mensaje inequívoco para los posibles defraudadores», señala la Comisión en su nota orientativa Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude en la que se afirma que «unos sistemas de control sólidos y eficaces pueden reducir considerablemente el riesgo de fraude; sin embargo, tales sistemas no pueden eliminar completamente el riesgo de que el fraude se produzca o de que no se detecte. Por este motivo, los sistemas deben garantizar además la existencia de procedimientos de detección del fraude y la adopción de las medidas adecuadas cuando se detecta la existencia de posibles casos de fraude».

autoevaluación/ La citada nota orientativa propone una herramienta de autoevaluación que incluye cinco pasos básicos. En primer lugar, la determinación del riesgo bruto, que es el nivel de riesgo sin tener en cuenta el efecto de los controles. Consiste básicamente en una combinación de la estimación de la probabilidad del riesgo (hasta qué punto es probable que ocurra) y del impacto del mismo (qué consecuencias puede tener) desde los puntos de vista financiero y no financiero. En segundo lugar propone evaluar los controles existentes y en tercero el riesgo neto, que se refiere al nivel de riesgo tras tener en cuenta el efecto de los controles existentes y su eficacia (es decir, la situación en el momento de realizar la evaluación). En cuarto lugar recomienda el establecimiento de un plan de acción para poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude y, por último, la evaluación del riesgo objetivo, que es el nivel de riesgo teniendo en cuenta el efecto de los controles actuales o previstos en el futuro.H