Siulnny vive en Córdoba y tiene reconocida la condición de refugiada. Huyó de Venezuela tras recibir amenazas por ser afín a la oposición. «Me robaron y secuestraron a mis tres hijos», afirma, con los que logró escapar y que ahora tienen 7, 8 y 9 años. En Venezuela, los menores no pueden sacar el equivalente al DNI español hasta que no tienen un mínimo de 9 años, por lo que sus hijos, que salieron del país antes, solo con el pasaporte, se encuentran ahora en un limbo jurídico. «Mis hijos no son españoles ni venezolanos», explica Siulnny, desesperada ante la idea de que sus hijos pasen a ser indocumentados. El servicio para tramitar la renovación desde internet no funciona y cuando llama al consulado, donde es persona non grata, la respuesta es que viaje e Venezuela para sacar la cédula de identidad de sus hijos. «Todo es un sinsentido, muchos niños venezolanos que han huido con sus padres de la situación política se encuentran en el limbo», señala.
Liliana es otra de las afectadas que pide al Gobierno de España que les tienda la mano. Huyó de Venezuela y vive en Córdoba desde hace ocho años. «Cuando yo me fui con mis hijos la situación era horrible, salimos aterrorizados, decidí irme cuando el Gobierno de Venezuela anunció que asumiría la guardia y custodia de los hijos varones para educarlos en el régimen», explica. «Yo era funcionaria y tenía una vida más o menos buena, pero salí huyendo sin nada». Las noticias que les llegan de los que se quedaron allí los mantienen en vilo. «No tienen para comer, ni hay medicinas, es muy doloroso», comenta angustiada. Con ella partieron un hijo de 7 años que ahora tiene 19 y una hija de 4 que ya ha cumplido los 14. «Mis hijos no tienen pasaporte en regla ni puedo sacarles documentación española porque salieron con menos de 9 años y aún no tenían el documento de identidad venezolano», señala preocupada. «Oficialmente, no existen aunque yo tengo sus partidas de nacimiento y sus pasaportes caducados».
Karem llegó de Venezuela a Córdoba en 1998 y está nacionalizada en España, pero vive una situación parecida con su madre, cuyo permiso de residencia pende de un hilo. «Su pasaporte cumple en marzo y en septiembre solicité la cita, pero no contestan». La renovación de los pasaportes se realiza a través del Saime, cuya web está inutilizada desde hace tiempo. Para tramitar los papeles de residencia, desde el 2012, España exige además a las personas extranjeras un seguro privado a partir del segundo año, un requisito caro y difícil de contratar para una mujer de casi 70 años. «Si no consigo renovar sus papeles antes de que le caduque, el pasaporte se quedará sin papeles».
La respuesta de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba a las demandas de estas personas es que «solo existe un documento publicado en el boletín oficial de Venezuela del 8 de octubre de 2017 donde se establece que «el pasaporte venezolano podrá ser prorrogado por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de su respectiva revalidación». Esa prórroga no es automática y exige recurrir al mismo servicio que está bloqueado, el Saime, lo que lleva a las familias a un callejón sin salida.
«Para colmo, a aquellos que han conseguido cita para obtener la prórroga, se les exige el pago de 80 dólares a ingresar en una cuenta con sede en Panamá», señala una de las afectadas, algo que no entienden y que, ante la imposibilidad de reclamar, condena al colectivo a la inseguridad jurídica. La solicitud unánime es clara: «Pedimos al Gobierno español que tome alguna medida para sacarnos de esta situación, sobre todo, a los niños». Cabe recordar que en los últimos años, a raíz del endurecimiento del régimen de Maduro, el número de venezolanos que han huido de su país y han pedido asilo en Córdoba se ha disparado.
