Varios colectivos, entre los que se encuentran Café Feminista de Córdoba, la CNT o el colectivo Siemprevivas, han hecho público un comunicado, abierto a futuras adhesiones, en el que denuncian la «represión policial» ejercida el pasado 26 de abril, en la concentración convocada en el bulevar de Gran Capitán «para mostrar la repulsa hacia la sentencia dictada para los acusados del caso de La Manada».

En el comunicado señalan que «dada la indignación y la cercanía al Colegio de Abogados nos trasladamos allí, teniendo las convocantes conocimiento de que en esos momentos se encontraba el ministro de Justicia; el cual había mostrado públicamente su conformidad con la sentencia impuesta. Se ejerció presión en los alrededores del Colegio de Abogados, donde las y los manifestantes mostraron su descontento de diversas formas de un modo pacífico: haciendo sentadas, coreando consignas... si bien el momento en el que se realizaron pitadas fue el momento de mayor tensión». Los firmante rechazan la actuación policial pues «además de una persona detenida que pasó a disposición judicial acusada de agresión a un policía (a pesar de que las personas allí presentes niegan que la hubiera), se estuvo identificando a diversas compañeras que también protestaban, hecho que se agrava con la posibilidad que abre la Ley Mordaza de multar a estas personas de forma desproporcionada solo por ejercer su derecho de manifestación». Y añaden que se «trata a manifestantes como delincuentes» una vez más.