En el caso de Córdoba capital, ha pasado de ser la segunda ciudad más segura de Andalucía en el primer semestre del año 2017 a registrar el único incremento de las infracciones penales cometidas en las capitales de provincia de la comunidad autónoma en el mismo periodo de este año 2018. Entonces se apuntaba a un descenso del 3,9% respecto a los seis primeros meses del 2016. Ahora se cuenta con un incremento del 11,8%. Ante este vuelco que ha experimentado la estadística, cabe preguntarse si deben saltar las alarmas o si la ciudadanía no tiene motivos para estar intranquila. La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, lo tiene claro: «Aunque la tasa general de criminalidad en toda la provincia haya notado un leve aumento con respecto a las cifras del año anterior, no debe hacernos pensar que Córdoba no sea una provincia segura». De hecho, insiste la representante del Ejecutivo central, «sigue situándose en tasas muy por debajo de la media nacional».

Valenzuela destaca «el esfuerzo diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestra provincia, que han logrado incrementar la tasa de esclarecimiento de estos hechos delictivos» y añade que «debemos instar a la ciudadanía a colaborar con la Policía Nacional y Guardia Civil para que ningún delito quede sin denunciar». A su juicio, «no debe importarnos que aumente la tasa de denuncias si esto se traduce en un aumento del número de delitos esclarecidos».

Durante el pasado año, el número de delitos cometidos en la provincia de Córdoba creció un 4,2% respecto al ejercicio anterior, según el balance de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior. Dicho documento recogía entonces que habían sido 24.900 el total de infracciones penales registradas en Córdoba desde enero a diciembre del 2017, mientras que en el ejercicio del 2016 fueron 23.891.

En el conjunto del Estado se han contabilizado un total de 1.025.713 delitos de enero a junio, lo que supone un 2,7% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se tuvo constancia de 998.911 infracciones penales. Entre ellas, las que más abundan son los hurtos, que ascienden a casi 341.000, y los robos con violencia en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. Los que han experimentado un crecimiento mayor en los primeros seis meses del año han sido los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con una subida del 14,4%, o el tráfico de drogas (6,9%), mientras que bajan las sustracciones de vehículos y los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa.