La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha elevado esta semana una nueva resolución a la Junta de Andalucía, tras la que le hizo llegar hace unos meses, en la que recomienda a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que se adopten medidas urgentes para resolver en el tiempo fijado las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción. En dicha resolución, informa de que tras el análisis de la situación, «resulta imprescindible acordar refuerzos, incrementos y medidas» que permitan garantizar que el procedimiento se cumple en el plazo de dos meses previsto en el Decreto-ley 3/1017.
La resolución parte a raíz de una queja de oficio promovida por el Defensor del Pueblo, tras las denuncias de ciudadanos sobre los retrasos y dilaciones en la tramitación de la prestación y otro tipo de disfunciones. En su escrito, plantea además las lagunas de conocimiento existentes en torno al proceso de concesión de las ayudas. Según detalla Jesús Maetzu, hay «déficits de información, asesoramiento y atención a la ciudadanía». Considera además la acumulación o inadmisión de solicitudes sucesivas de un mismo solicitante como «una disfunción en la aplicación del decreto y de las reglas de su procedimiento administrativo» y hace hincapié en que «es preciso que la administración complete los modelos de inadmisión por esta causa y advierta a los afectados de su derecho a desistir de la petición en curso para formalizar una nueva». Del mismo modo, pide que se corrijan las denegaciones fundadas en no haber mantenido el solicitante ciertos requisitos durante el tiempo de tramitación, algo no achacable a los afectados «ya que el expediente tarda hasta ocho meses en resolverse», lo que puede variar las circunstancias familiares y laborales.
