Tener un empleo en Córdoba hace tiempo que no siempre garantiza contar con los ingresos necesarios para no formar parte de la población en riesgo de pobreza o exclusión. En una provincia con una tasa de paro del 27,9%, un índice de temporalidad del 9% y un salario medio de 13.000 euros anuales, frente a los 18.600 de media nacional, el 41,7% de las familias están en riesgo de exclusión, lo que significa que la tasa de riesgo de pobreza está casi 14 puntos por encima de la de desempleo. Cada vez más familias viven a duras penas con ingresos menguantes. «En este momento, entre mi marido y yo sacamos 1.300 euros porque él está cobrando el desempleo, que se acabará en unos meses», explica una madre de familia empleada en el sector de la hostelería, «yo cobro 550 euros al mes por una supuesta jornada partida, así que no sé cómo pagaremos la hipoteca y los gastos de mis hijos cuando se acabe la prestación».
El sindicato CCOO se unió ayer a la denuncia de la situación de desigualdad y pobreza de gran parte de la población cordobesa, una realidad que considera «fruto de las políticas de austeridad». El responsable de Política Social de CCOO de Córdoba, Said Faz, recalcó ayer la urgencia de revertir tal situación para lo que el sindicato reclama «una subida salarial suficiente, el incremento del salario mínimo interprofesional y de las pensiones y una renta mínima». Los datos tienen cara, nombre y apellidos. Raquel Molina es una cordobesa madre de dos hijos de 17 y 16 años y abuela de un bebé de dos meses. «Mi situación es la de muchas familias de Moreras, que estamos sobreviviendo a duras penas», explica. Ella nunca llegó a sacarse el graduado escolar, pero ahora está estudiando para hacerlo. «Te piden títulos para cualquier trabajo, así que estoy estudiando al mismo tiempo que crío a mi nieta y trabajo en lo que me va saliendo», explica. Está separada, pero convive con su exmarido en una vivienda de protección oficial de la Junta «porque ninguno tiene dónde irse», explica. Su ex está también en el paro, así que no hay posibilidad de que ella reciba pensión alimenticia por los hijos. Su principal queja es cómo se está descuidando la formación en los barrios donde la pobreza es endémica. «Yo estaba en el centro de educación de adultos de Moreras preparándome para sacar el graduado y este curso lo han cerrado», explica, «y mi hijo de 17 años no ha entrado este curso en ningún instituto porque no hay plazas de Formación Profesional». Para esta madre, que se las ve y se las desea para llegar a fin de mes, su prioridad es que sus hijos salgan de ese círculo. «No quiero a mi hijo acostado ni vagueando, necesita una ocupación, aprender un oficio para salir adelante», insiste. Su hija, madre soltera a los 16 años, decidió tener a la nieta de Raquel cuando se quedó embarazada pese al uso de anticonceptivos. «El padre se desentendió en cuanto se enteró, pero ella ha estando estudiando todo el embarazo», comenta, «ahora la estoy criando yo como una hija más».
María Dolores también está en paro. Madre de tres hijos, está embarazada de un cuarto. «Vivimos en un piso de alquiler gracias a una ayuda de Vimcorsa que se nos acaba en diciembre», explica, «llevo trece años luchando por una vivienda de AVRA pero pese a mi situación me dicen que no tengo puntos». Su pareja está también en el paro desde hace tiempo y solo puede trabajar en el campo, algunas semanas en verano. Con las horas que va echando, una ayuda de 420 euros y la ayuda que recibe de Cruz Roja de vez en cuando saca adelante a sus tres hijos, haciendo malabares cada día.
Según fuentes de APDH en Córdoba, asociación muy vinculada al barrio de Moreras, «la alta natalidad en estas familias en exclusión es una constante que muchos no entienden, pero que es una realidad a la que hay que atender». Un informe de la Fundación Adecco constata además el crecimiento de los hogares monoparentales y el elevado riesgo de pobreza de estas familias, que alcanza el 51% frente al 28,7% de media en el resto de familias. Los hogares monoparentales, casi 2 millones en toda España, están encabezados en el 81% por la figura materna que solo en un 33% de los casos percibe alguna prestación frente a un 67% restante que ya ha agotado todas las ayudas.
La Asociación de Barrios Ignorados acusaba ayer a las administraciones de hacer dejación de funciones sobre esta realidad. «La administración está diluyendo su responsabilidad al derivar los recursos y la defensa de los intereses sociales hacia las asociaciones y colectivos del tercer sector», criticó ayer coincidiendo con la presentación de una carta de derechos y deberes ciudadanos para la inclusión. «Cada vez se está quitando a más personas la categoría de ciudadanos al dejarlas reducidas a individuos responsables de sus propios éxitos y fracasos en la vida», señalan. En este sentido, recalcan que «se elimina así la obligación del Estado hacia las personas, que ya no se siente obligado a establecer políticas y recursos para garantizar sus derechos».
No comparten que la exclusión se aborde «como la mera carencia de alimentos, vivienda o salud» y advierten que «el fenómeno de la exclusión tiene su raíz en factores estructurales». A su juicio, no se puede acusar a las víctimas de la pobreza de su situación «sin haberles proporcionado los medios necesarios y efectivos para salir de esta espiral».
