El sector del taxi exige al Ayuntamiento medidas contra los VTC. El presidente de la asociación mayoritaria, Auttacor, Miguel Ruano, mostró ayer su confianza en que el Ayuntamiento recurra la sentencia que da la razón a Ares Capital, pero, mientras que eso ocurre, le reclamó que regule «mejor la movilidad en Córdoba imponiendo restricciones expresas a un uso intensivo del dominio público por empresas que no son servicios públicos de interés general ni transporte urbano regulado por la administración».

En cuanto a la valoración que Auttacor realiza de la sentencia, Ruano piensa que es «muy somera» y que «no entra en el fondo del problema», quedándose «en una discriminación a los VTC, que con todos los respetos al juzgado, entendemos que no existe en absoluto». Además, y según añadió Ruano, «en el remoto caso» de que esa discriminación existiera «se viene dando en Córdoba desde el 2014 sin que los VTC tradicionales (los de toda la vida) se hubieran quejado nunca», por lo que considera «obvio que daban por buena la regulación municipal».

Pero no solo eso. El presidente de Auttacor entiende que el juzgado «no ha ponderado que, además de los derechos de los usuarios, están también los de los cordobeses sobre su centro histórico declarado desde 1994 Patrimonio de la Humanidad y que el Ayuntamiento de Córdoba tiene la obligación de preservar evitando un uso intensivo del transporte». La asociación tiene que valorar si recurre o no. Ruano calcula que hay unas 60 licencias de VTC concedidas en Córdoba, pero las 2.300 de toda Andalucía «también pueden venir aquí», al poder moverse por toda la región.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, tener una valoración de la sentencia por parte de Ares Capital.