Si la confluencia en Córdoba dependiera del pleno de ayer, las fuerzas de izquierdas concurrirían por separado a las elecciones municipales. Dos mociones referidas a áreas en las que Izquierda Unida tiene competencias (Servicios Sociales y Hacienda) hicieron estallar las costuras entre este grupo y Ganemos, en dos de los debates más intensos vividos en Capitulares en los últimos meses.
De hecho, el referido al Centro de Procesamiento de Datos (CPD), el sistema informático municipal, hizo que se escucharan acusaciones muy graves, por parte de Ganemos, acerca de que IU quiere adjudicar a determinadas empresas el contrato para la recaudación ejecutiva de impuestos, de cerca de un millón de euros. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, le devolvió la pelota al edil de Ganemos, Francisco Molina, preguntando a su vez qjue que a qué intereses respondía él e invitándolo a ir, si tenía pruebas, a la Fiscalía. El PSOE se abstuvo en esta cuestión, en la que IU se quedó sola en su defensa de sacar a licitación este servicio, mientras que el resto de grupos --que denunciaron la falta de informáticos-- defendió que la aplicación informática la siga desarrollando la empresa local que lo hacía.
Por otro lado, la situación de los centros de servicios sociales comunitarios y el problema de las listas de espera, que superan los 180 días en algunos centros, fue otro punto de fricción entre estas dos formaciones. Salió adelante una enmienda que insta a solucionar el problema y que fue apoyada por todos los grupos, con la abstención de Ganemos y una beligerante concejala, Vicky López. La agrupación de electores no está de acuerdo con la convocatoria de 21 plazas de trabajador social, ya que pide estabilizar el empleo de 13 trabajadoras que realizan ya este trabajo, en algunos casos desde hace once años. «Sacar 21 plazas ya ocupadas no es crear empleo, sino poner en peligro el capital humano que tenemos», espetó.
El resto de grupos mostró su solidaridad con el colectivo de trabajadoras, pero insiste en pedir un informe técnico que diga si efectivamente se puede parar o no la convocatoria en marcha. «Es cuestión de voluntad política», insistió ayer Jara Virginia Velasco, representante de las afectadas. En la misma línea se pronunció Paco Moro, de CTA, que recordó que la estabilización de la plantilla es una posibilidad amparada por la ley y que pintó un panorama dantesco en los centros de servicios sociales.
POSICIÓN DE IU / Juan Hidalgo, concejal de Servicios Sociales (IU), trató de explicar que las listas de espera no son un problema de todos los centros, sino que está focalizado en el Sector Sur, Norte y Fuensanta; aludió a la falta de personal y a los problemas para contratarlo que han tenido por las leyes estatales, y defendió el papel del gobierno local en este área, que ha pasado de tener 8 millones presupuestados en 2015 a 24,6 millones.
La réplica de María Jesús Botella (PP) no se hizo esperar y acusó a IU de tirar de «su kit de supervivencia, que es repetir siempre lo mismo, anticuado y rancio». Además, recordó a Hidalgo que la normativa estatal afecta a todos los ayuntamientos y que no todos están como el de Córdoba, porque es «un problema de gestión». David Dorado, de Cs, afeó a PSOE e IU que «se atrevan a llamarse el gobierno de las personas», mientras que UCOR dijo que los servicios han ido «a peor».
